El líder del PP, Pablo Casado, ha condicionado este lunes su apoyo al estado de alarma a que no dure más de ocho semanas y a que se apruebe "de una vez" un marco legal con una modificación de la ley 3/86 que podría estar listo ya en diciembre.
En la primera sesión del XXIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar, que ha inaugurado el Rey, Casado ha planteado limitar el plazo de aplicación de esta medida excepcional que, a su juicio, "no puede superar en ningún caso las ocho semanas".
Sánchez quiere aplicar el estado de alarma por un periodo de seis meses, hasta el 9 de mayo, y concede a los presidentes autonómicos ser la autoridad delegada en sus territorios, lo que permitirá a las autonomías confinar total o parcialmente.
LOS PARTIDOS SE POSICIONAN. Sánchez ha pedido a todos los grupos apoyo a "una medida tan extraordinaria pero tan necesaria para contener esta segunda ola". En especial ha solicitado el apoyo del primer partido de la oposición y ha recalcado que esto es una "cuestión de estado". "Los partidos políticos que se califican de Estado deben pensar seriamente en apoyar esta medida tan extraordinaria", dijo en su comparecencia este domingo en Moncloa.
Algunos partidos ya han empezado a posicionarse. Así, la líder de Cs, Inés Arrimadas, ha calificado de "excesivo" prorrogar el estado de alarma por seis meses y pedirá al Gobierno un plalzo "mucho menor". Por su parte, el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, considera "procedente" seis meses de estado de alarma si el Gobierno acude "con frecuencia" al Congreso "a dar explicaciones y a escuchar lo que digan los diputados".
Desde Vox, su presidente Santiago Abascal ha anunciado que su partido recurrirá ante el Tribunal Constitucional el decreto de estado de alarma aprobado este domingo por el Consejo de Ministros y ha defendido que el toque de queda impuesto en toda España es "ilegal.
En rueda de prensa, Pontón señala que se busca que "no sea un estado de alarma preventivo" y que "no se pretenda eludir el control parlamentario".
Avisa de que es necesario tomar medidas por cada territorio, al tiempo que apunta que el estado de alarma es compatible con el "control y la rigurosidad" de una medida que "recorta derechos y libertades", ya que "parece que se quiere responsabilizar únicamente a los ciudadanos de la evolución del virus".
