La directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, ha mostrado este jueves en su comparecencia ante la Comisión de Gastos Reservados del Congreso las autorizaciones judiciales para espiar a alrededor de una veintena de políticos independentistas. Respecto al resto de personas que han sido víctimas de escuchas, entre ellas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apuntado dos posibles culpables: un país extranjero, o miembros de las denominadas cloacas del Estado.
Así lo han indicado a Efe fuentes de la reunión, que han señalado que Esteban ha llevado a la comisión abundante documentación de las actuaciones del centro, incluidas las autorizaciones judiciales para esas actuaciones que, en cualquier caso, no alcanzan las 65 personas espiadas, según los partidos independentistas.
En este sentido, la directora del CNI ha exhibido esas autorizaciones con nombres y apellidos, aunque estos no han trascendido.
Entre los espiados con orden judicial, según ha detallado TV3, figura el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, presumiblemente antes de ser investido, y el entorno del expresident Carles Puigdemont, como el director de su oficina, Josep Lluís Alay, por sus contactos con Rusia. Se cita también al diputado de la CUP Carles Riera. Todos ellos, según ha remarcado Paz Esteban, en el marco de investigaciones abiertas y avaladas por la autoridad judicial.
Pero las explicaciones que ha ofrecido la directora del CNI, Paz Esteban, ante los portavoces parlamentarios que integran la Comisión de Gastos Reservados no han convencido al portavoz de ERC, Gabriel Rufián.
"Salimos como hemos entrado, no ha habido secretos ni oficiales ni extraoficiales", ha dicho Rufián, quien sostiene que no incumple la ley –que obliga a los miembros de esta comisión a guardar silencio sobre lo que allí se trata– al desvelar parte de esa comparecencia porque el grueso de la misma ha versado sobre cosas ya "filtradas" a los medios de comunicación.
Según ha detallado, Paz Esteban ha acudido a la cita con documentación que contenía las autorizaciones judiciales para las escuchas que ha llevado a cabo el CNI, ha señalado que no podía hablar específicamente del programa 'Pegasus' y no ha ofrecido ninguna solución a esta situación.
Rufián ha rehusado especificar a cuántas personas se habría espiado con orden judicial, según la versión del CNI, alegando que podría "inhabilitarle" si lo hacía.
Según su versión, para el resto de personas que han sido víctimas de escuchas, entre ellas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; o la ministra de Defensa, Margarita Robles; la directora del CNI ha apuntado dos posibles culpables: uno o varios países extranjeros, o miembros de "otros organismos del Estado que también tuvieran capacidad de espionaje con un programa parásito como Pegasus, en referencia a las denominadas cloacas del Estado.
El PP compró Pegasus, según Rufián
En este punto, ha recordado que en distintas comisiones de investigación se ha certificado la existencia de esos elementos descontrolados que han espiado de forma ilegal e incluso que "el PP compró Pegasus vía (su ex secretaria general y ex ministra de Defensa) María Dolores de Cospedal, a través del comisario (José Manuel) Villarejo".
En este contexto, Rufián ha añadido que "cuando se señala a una nación extranjera o a otros organismos del Estado" se está "señalando también a Interior".
El portavoz de ERC no ha querido contestar a si la jefa de los espías ha dado más nombres de espiados del Ejecutivo más allá de Sánchez o la ministra de Defensa pero, en otro momento de su declaración, ha dado por hecho que "seguramente" hayan sido espiados otros "altos cargos del Gobierno".
Para Rufián, si ha sido una nación extranjera la que ha espiado al Gobierno, evidenciaría "un terrible agujero de seguridad nacional". "Si una nación extranjera espía por la cara o por sus ideas a gente se pondría en entredicho la seguridad del Estado y, por ende, sus máximos responsables en este caso las máximas responsable tendrían que dimitir", ha dicho, señalando a Robles y a la propia Paz Esteban, cuya situación considera "insostenible".
En su opinión, también sería "mala" la opción de que haya habido "competición entre organismos del Estado para espiar a independentistas". En este caso, desde su punto de vista, las responsabilidades deberían alcanzar también al Ministerio del Interior.
