Los negociadores de PSOE y Junts en Bruselas para pactar una ley de amnistía que facilite la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno siguen "trabajando" para tratar de resolver las "cuestiones técnicas" que frenan el acuerdo, si bien han enfriado las expectativas de un entendimiento inminente y recordado que el único límite es el 27 de noviembre.
Las conversaciones no paran, se prolongaron durante la noche del lunes y continúan este martes, según indican fuentes de la negociación a Europa Press. El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, sigue en la capital belga, a donde regresó el domingo tras los primeros contactos de la semana pasada para seguir las negociaciones desde un hotel a escasos metros del lugar en el que se reunió la plana mayor de Junts el lunes.
Aunque ambas partes no se han reunido cara a cara, ha habido intercambio de papeles entre los servicios jurídicos de los dos lados. En este sentido, las fuentes consultadas atribuyen la "lentitud" en el proceso a la densidad del texto, que requiere la revisión de asesores legales de uno y otro partido y añaden que la negociación avanzaría "más rápido" si se tratase sólo de una cuestión política.
En este sentido, subrayan la trascendencia de la "primera ley de amnistía de la democracia" y la importancia por tanto de hacer un "buen trabajo" sin marcarse "ninguna fecha" de plazo, más allá del límite del 27 de noviembre y a pesar de que desde el PSOE se había apuntado como posible calendario esta misma semana.
Así las cosas, las fuentes insisten en "seguir" trabajando y avanzando tanto en resolver los escollos en la ley de amnistía como "algunos detalles" del acuerdo político para la investidura. Además, fuentes de Junts consultadas por Europa Press han explicado que el lunes no acercaron muchas posiciones en relación a las diferencias que les separan, dado que siguen enquistados en "cuestiones técnicas" para afinar el redactado de la ley de amnistía.
Los equipos de ambas formaciones están trabajando algunos aspectos del redactado, en especial en la exposición de motivos porque es donde está en juego el alcance y la constitucionalidad de la norma, apuntan. "Ya llevamos muchas redacciones diferentes y no hemos avanzado mucho", apuntan las citadas fuentes, que no se han atrevido a vaticinar si podrá haber pleno de investidura esta semana.
Otras fuentes conocedoras de la negociación han argumentado la necesidad de que haya un trabajo "sin ruido y discreto" para poder avanzar en un posible acuerdo.
Junts pasa la "presión" al PSOE
"La presión la tienen ellos [los socialistas]", han destacado desde Junts, dejando claro que el margen de la negociación puede alargarse hasta el 27 de noviembre.
Así, consideran que todavía hay tiempo: "Estamos haciendo lo que no ha hecho ERC", añaden las citadas fuentes.
En este contexto, y preguntada por otro asunto al término del Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, se ha referido a la próxima legislatura aclarando que será "si es que sigue adelante la investidura y, por tanto, hay un nuevo Gobierno, como deseamos".
La Justicia se cuela en el pacto de investidura
En mitad de las negociaciones, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón citó el lunes como investigados al expresidente catalán Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en la causa que instruye por terrorismo contra Tsunami Democràtic. Una decisión que va a recurrir la Fiscalía.
El Consejo General del Poder Judicial, con mayoría conservadora, aprobó también este lunes una declaración institucional contra la ley de amnistía, por considerar que es una "medida de abolición del Estado de derecho".
Además, García Castellón ha abierto la puerta a plantear una cuestión judicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por el impacto de la futura ley de amnistía en los delitos de terrorismo que investiga en Tsunami Democràtic.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 dictó el lunes un auto donde indicó que los altercados provocados por la plataforma independentista tras la sentencia del procés en el otoño de 2019 encajan en delitos de terrorismo, al tiempo que apuntó como responsable a Carles Puigdemont e imputó a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, entre otros.
En su resolución, el instructor recuerda que, "si bien no existe una definición universal de terrorismo, en el ámbito del derecho de la Unión Europea, sí que se ha tratado de armonizar y delimitar algunos conceptos relacionados con el terrorismo".
Según ha trascendido en los últimos días, tanto Tsunami Democràtic como CDR serían dos de las causas incluidas en la amnistía que PSOE y Sumar negocian con Junts y ERC para investir presidente del Gobierno a Pedro Sánchez.
Así, García Castellón podría acudir al TJUE en lo tocante a Tsunami Democràti', misma maniobra que podría llevar a cabo la Sala de lo Penal de la AN en el caso CDR, ya que esta causa, centrada en las acciones violentas de núcleos radicales de los CDR para conseguir la independencia de Cataluña –como los planes para asaltar el Parlament–, se encuentra a la espera de juicio.
Desde estas mismas sedes se podría plantear igualmente una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), otra acción que supondría suspender la aplicación de la ley de amnistía al caso concreto hasta que la corte de garantías resuelva.
