Los sindicatos de Renfe y Adif han convocado cinco días de huelga en toda España en protesta por el traspaso de la gestión de Rodalies —los servicios de trenes de cercanías de Cataluña— acordado por PSOE y ERC.
Así lo han anunciado este martes las organizaciones sindicales, que han detallado que las jornadas de paros de 24 horas serán los próximos 24 y 30 de noviembre, y los días 1, 4 y 5 de diciembre, en pleno puente.
La decisión sobre las movilizaciones, que comenzarían con la interposición de una comisión de conflictos para la convocatoria de paros, se ha tomado después de sendas reuniones de los comités generales de empresa de Adif y Renfe Operadora, para proponer actuaciones consensuadas ante el acuerdo entre PSOE y ERC.
Los sindicatos han transmitido también al Ministerio de Transportes su preocupación por la transferencia de esas competencias de Rodalies y le han pedido que se garanticen los derechos de los trabajadores de Renfe, que gestiona actualmente el servicio.
Las organizaciones precisan que se deben garantizar no solo los derechos económicos de los trabajadores, sino también los profesionales y de movilidad, al tiempo que exigen al ministerio "el cumplimiento de una serie de premisas innegociables" y que se resumen principalmente en el mantenimiento de la integridad tanto de la red de infraestructuras ferroviarias, gestionada por Adif, como de Renfe Operadora.
Ante la falta de información pormenorizada, UGT entiende que, si bien los planteamientos del acuerdo PSOE-ERC no son en términos idénticos para Adif y para Renfe, "ello no es óbice" para manifestar su oposición a la medida y exigir un compromiso firme que dé garantías para los trabajadores de ambas empresas en las mismas condiciones.
"Celebramos que la totalidad de las organizaciones sindicales secunden la propuesta en ambas empresas ferroviarias y esperamos —ha dicho UGT en un comunicado— que en esta ocasión todos los sindicatos cumplan y defiendan los acuerdos que de forma unánime han tomado ambos comités de las citadas empresas".
Desde que trascendiera el acuerdo, todas las centrales sindicales lo han criticado por la falta de información respecto a las condiciones laborales de las plantillas, tanto del operador como del administrador de la infraestructura. El Ministerio de Transportes defiende que se trata solo de un acuerdo político que no aborda, por el momento, aspectos técnicos sobre cómo se llevaría a cabo este traspaso de competencias entre Estado y Generalitat.
Al mismo tiempo, el Govern catalán ha asegurado que se garantizarán las condiciones laborales de todos los trabajadores y que se hará un convenio de colaboración entre Generalitat y Renfe para facilitar la movilidad laboral.
