Crítica velada de Rivera a Arrimadas por apoyar la prórroga del estado de alarma

El expresidente de Cs considera que se están restringiendo demasiado los derechos de los ciudadanos y defiende un plan B 
Albert Rivera. RODRIGO JIMÉNEZ (EFE)
photo_camera Albert Rivera. RODRIGO JIMÉNEZ (EFE)

El expresidente de Ciudadanos Albert Rivera sostiene que en España es posible aplicar un marco jurídico alternativo al estado de alarma para hacer frente a la crisis del coronavirus, al contrario de lo que afirma el Gobierno, y que este mecanismo está restringiendo demasiado los derechos de los ciudadanos.

A través de su cuenta de Twitter, Rivera ha compartido un artículo de opinión publicado este jueves en el diario El Mundo por el jurista Andrés Betancor, exmiembro de la Gestora de Cs, en el que se defiende esa idea.

Concretamente, Rivera ha destacado un párrafo del artículo donde Betancor señala que "la recalcitrante defensa del estado de alarma por el Gobierno ('no hay plan B') lo es de una situación de anormalidad institucional, de restricción generalizada de los derechos hasta extremos insoportables, sin sostén suficiente en la legalidad constitucional".

NUEVA PRÓRROGA DE QUINCE DÍAS. El expolítico, que preside un despacho de abogados, ha compartido esta opinión un día después de que la formación naranja votara en el Congreso de los Diputados a favor de prorrogar el estado de alarma quince días más tras alcanzar un acuerdo con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, explicó que lo hacían pensando en "el interés general", porque el Gobierno no había preparado un plan alternativo y levantar el próximo sábado todas las medidas vinculadas al estado de alarma tendría graves consecuencias.

Los diez diputados 'naranjas', fundamentales en la aprobación de la prórroga, ofrecieron sus votos a cambio de una serie de condiciones, como que Sánchez prepare un marco jurídico alternativo que permita actuar frente a futuros brotes del virus o que desvincule del estado de alarma las medidas de apoyo económico y social.

Pero la decisión de Arrimadas no gustó al exportavoz de Cs en el Congreso Juan Carlos Girauta y a la exportavoz en el Ayuntamiento de Barcelona Carina Mejías, que decidieron darse de baja del partido.

RECHAZA UN ESTADO DE ALARMA PROLONGADO. Rivera no ha criticado la estrategia de la nueva dirección de Ciudadanos, pero sí ha mostrado su malestar con el mantenimiento del estado de alarma. El 10 de abril, dijo en Twitter que el Gobierno debería habilitar el estado de excepción si quería mantener la restricción de las libertades, porque "el estado de alarma, prolongado en el tiempo, no da cobertura legal a todo lo que está haciendo o prohibiendo".

En el artículo publicado en El Mundo, el autor afirma que "el paso de la situación de excepcionalidad a la de normalidad exige planificación". A su modo de ver, el Gobierno ha establecido cómo será la evolución entre distintas fases dentro del estado de alarma, pero no ha presentado un plan para poner fin al estado de alarma y "gestionar el virus en el escenario de la normalidad".

Betancor, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, no está de acuerdo con el argumento del Ejecutivo de que necesita mantener mando único en toda España y la restricción de derechos -las dos consecuencias principales del estado de alarma- para poder actuar en estos momentos.

De hecho, considera que, con su proceder, está poniendo en cuestión ambos elementos. Porque, por un lado, ha admitido la cogobernanza con las comunidades autónomas y, por otro, "la desescalada improvisada, caótica y sin criterio muestra que la restricción de los derechos es más fruto de la arbitrariedad" que de "la conveniencia".

"EL GOBIERNO TRATA DE MINIMIZAR EL DAÑO POLÍTICO-ELECTORAL". Según Betancor, lo único que guía la actuación del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos es "la minimización del daño político-electoral", y los acusa además de haber convertido la mentira en un "activo político", por sus decisiones y sus declaraciones sobre las mascarillas, los test o la contratación de proveedores.

El catedrático apunta que la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública y la Ley de Salud Pública regulan actividades económicas y sociales, "no limitándose a prohibirlas, sino fijando el cómo se han de desarrollar".

Estas leyes "no habilitan ni el mando único, ni la restricción general de derechos", pero "podrían ser suficientes en la presente situación de pandemia", afirma en el artículo, donde también critica que el Ejecutivo asociara "ilegítimamente" las medidas dirigidas a afrontar la crisis sanitaria con las de la crisis económica.

"DESLEALTAD" DE LAS FUERZAS INDEPENDENTISTAS. Por último, Betancor -que fue vocal de la Junta Electoral Central al mismo tiempo que cobraba de Ciudadanos como asesor político- indica que, en la gestión de la pandemia, se ha puesto de manifiesto "un mal del Estado de las autonomías".

En un país donde las comunidades autónomas tienen las competencias de educación, sanidad y dependencia, "tal grado de descentralización debe acompañarse de organización y funciones en manos del Estado central para atender a lo que es común, al interés general de España", destaca.

Pero, "como no las hay, todo depende de la buena voluntad de los gestores autonómicos", añade el catedrático. A su juicio, es ingenuo pensar que, en el proceso de gobernanza entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, todas las autoridades autonómicas mostrarán cooperación y colaboración, teniendo en cuenta "la deslealtad de algunos, como los secesionistas catalanes".

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