El Tribunal de Cuentas ha fijado inicialmente en 5.422.879,48 euros la responsabilidad contable inicial que se reclama al president de la Generalitat que permanece huido en Bélgica Carles Puigdemont, al expresident Artur Mas, a los indultados Oriol Junqueras, Raül Romeva y a otros 37 ex cargos de la Generalitat por el presunto desvío de fondos para las denominadas 'embajadas catalanas' y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat, según el acta de liquidación al que ha tenido acceso Europa Press.
Según este documento, de este importe total 5.151.156 euros corresponden al principal y otros 271.723,48 euros a intereses calculados previa y provisionalmente desde el día 28 de marzo de 2019, fecha de aprobación por el Pleno del Tribunal de Cuentas del informe de fiscalización, hasta la fecha del acto de liquidación fijado para este martes.
Se les reclaman a cada uno cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos cargos, si bien todos ellos deberán responder al total de forma solidaria hasta os 5,4 millones del total, según fuentes del órgano contable consultadas.
Así, por ejemplo, las responsabilidades individuales se fijan en 1,9 millones de euros para Puigdemont y Junqueras, 2,1 para Romeva y 2,8 para Artur Mas. "La solidaridad se dará exclusivamente en las cuantías que corresponden a los periodos temporales de desempeño del cargo de cada uno de ellos", añade el documento.
Todas ellas se sumarán a los 4,1 millones de euros que la instrucción del tribunal contable calculó que costó el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y que ya fueron consignadas por personas del entorno independentista.
15 DÍAS PARA ABONAR. Durante el trámite de este martes, a los abogados de los afectados se les ha entregado un documento de 504 páginas que tendrán 3 horas para leer, tras lo cual cada uno de ellos tendrá unos 10 minutos para alegar 'in voce' con independencia de a cuántas personas representen lo que es tildado de "procedimiento arbitrario" por alguna de las defensas. Una vez notificado el expediente de liquidación los responsables tendrán un plazo de 15 días para abonar el dinero.
El abogado de Puigdemont, Gonzálo Boye se ha retirado de la vista tras presentar por escrito sus alegaciones. En declaraciones a los medios de comunicación ha reprochado que "solo" se les haya dado 10 minutos a los abogados sin importar la cantidad de clientes que tengan en el procedimiento. Asimismo, ha criticado las explicaciones aportadas por el órgano fiscalizador durante el procedimiento.
"Se necesita un manual de instrucciones para entender lo que están haciendo", ha dicho en referencia al acta de liquidación provisional que ha facilitado este martes el Tribunal de Cuentas. En el marco de su declaración, ha avisado que se reserva "acciones" para otras jurisdicciones.
En el acto están presentes tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, además de los representantes legales de la Generalitat, de Diplocat, de las sociedades Abogados Catalanes por la Constitución y de "Sociedad Civil Catalana, estos dos últimos personados como acción pública.
REACCIÓN. Los diputados de Junts y PdCat han exigido este martes al Gobierno que dé ordenes a la Abogacía General del Estado para que se retire de la causa abierta por el Tribunal de Cuentas contra los líderes del "procés", a los que reclama 5,4 millones de euros por el referéndum ilegal de 2017.
La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, y el del PdCat, Ferrán Bel, ha planteado esta demanda al Gobierno de Pedro Sánchez tras acusar al Tribunal de Cuentas de ser un órgano "politizado y parcial".
En rueda de prensa en el Congreso, Nogueras ha afirmado que la retirada de la Abogacía, para lo que su partido ha registrado una iniciativa parlamentaria, "quitaría piedras en el camino" en la nueva etapa de distensión abierta entre el Ejecutivo y la Generalitat.
"Más hechos y menos palabras y titulares. O el Gobierno actúa o será lo mismo que el PP, pero con un poco más de maquillaje", ha advertido.
A juicio de la diputada independentista, si la Abogacía no se aparta de la causa abierta en el Tribunal de Cuentas, "no hay ni concordia, ni reencuentro".
Nogueras ha opinado que el órgano fiscalizador "persigue la muerte civil de personas que han hecho su trabajo" y que apoyan la secesión de Cataluña.
"Hay que poner fin al franquismo del reino de España que sigue vivo en muchas instituciones", ha instado.
