El Congreso ha convalidado este jueves el plan para paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania gracias al apoyo de EH Bildu, imprescindible ante el rechazo de ERC, y la oposición del PP, que hasta el último momento había dejado la puerta abierta a la posibilidad de facilitar la aprobación.
El real decreto ley, que contiene medidas como la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante o ayudas para sectores especialmente afectados por la crisis, ha sido finalmente convalidado por 176 votos a favor, 172 en contra y 1 abstención.
Ahora se tramitará como proyecto de ley, lo que permitirá incorporar modificaciones.
El resultado de la votación ha permanecido en el aire hasta el propio debate, después de que la irrupción del supuesto espionaje por parte del Estado a líderes independentistas catalanes enturbiara la relación del Gobierno con sus socios.
De hecho, ERC ha votado en contra al considerar que el Gobierno no ha dirimido responsabilidades por el supuesto espionaje y ha advertido de que se trata de "un primer aviso" al Ejecutivo. La ministra de Defensa, Margarita Robles, "debe dimitir", según la formación independentista.
"Conocen intimidades de nuestras familias, amigos y allegados", ha criticado la diputada Montserrat Bassa en su intervención, lo que "multiplica" el espionaje a "miles de personas", que abarcan incluso a "los correos y las llamadas de periodistas" o las estrategias de abogados.
Tras este anuncio, ha sido el apoyo de EH Bildu –confirmado en el propio debate– el que ha permitido sacar adelante el decreto, al sumar sus cinco votos a los de PSOE, UP, PDeCAT, PNV, Más País, Compromís, NC, Teruel Existe, PRC y BNG.
La portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha advertido de que su formación ha apoyado el decreto por "responsabilidad" y "compromiso con la ciudadanía", ya que el espionaje supone un conflicto "grave" que "ha abierto una brecha" con el Gobierno.
El PP vota en contra del plan anticrisis
Sin embargo, el Gobierno no ha conseguido finalmente recabar el apoyo del PP, que hasta el último momento se había mostrado dispuesto a facilitar la convalidación del decreto si el Gobierno asumía algunas de sus reivindicaciones, como deflactar la tarifa del IRPF o bajar el IVA de la electricidad y el gas.
De hecho, este miércoles el Gobierno aceptó la tramitación del decreto como proyecto de ley, como pedían el PP y otros partidos, para permitir la incorporación de modificaciones, lo que parecía facilitar el apoyo del principal grupo de la oposición.
Finalmente, tras conocerse el apoyo de Bildu que hacía innecesarios los votos del PP, el diputado popular Jaime de Olano ha criticado que el Gobierno "no ha querido" negociar y, tras el fin del debate, su partido ha confirmado el voto en contra por falta de compromisos claros.
"La votación de hoy no va del Gobierno, va de ayudar a los ciudadanos", había argumentado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en la defensa de la normativa, donde también consideró que "quienes hoy voten que no a este real decreto ley están perjudicando a los ciudadanos con el único fin de perjudicar al Gobierno".
Ayudas contempladas en el plan del Gobierno
Aprobado el pasado 29 de marzo, y en vigor desde el día 31 de ese mes, el decreto ley contiene el plan económico del Gobierno dirigido a afrontar las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Ucrania y el alza de precios, disparado por el incremento de costes energéticos. El Ejecutivo cifra en 16.000 millones de euros el impacto económico de todas las medidas.
Entre ellas están el límite de las subidas del alquiler; la ampliación de la cobertura del bono social eléctrico y del ingreso mínimo vital, así como el establecimiento de un tope a las ganancias de las eléctricas en los contratos bilaterales; las rebajas de impuestos y peajes en la factura de la luz, la ampliación de la línea de avales públicos del Ico y la flexibilización de las ya aprobadas.
También está contemplado el descuento de 20 céntimos por litro de combustible en el repostaje de vehículos –sufragado entre el Estado (15 céntimos) y las petroleras (5 céntimos)–, así como el resto de ayudas acordadas con el sector del transporte por carretera y ayudas directas para el sector primario.
Más allá de estas medidas, el decreto prohíbe el despido objetivo por causas relacionadas con los costes energéticos y proporciona ayudas directas a empresas especialmente afectadas por la guerra en Ucrania.
