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Desmantelan en Murcia una red que estafó unos 700.000 euros por lo menos a 67 empresas

Agentes de la Policía y la Guardia Civil, durante el operativo (Foto: MINISTERIO DE INTERIOR)
Agentes de la Policía y la Guardia Civil, durante el operativo (Foto: MINISTERIO DE INTERIOR)

La Guardia Civil y la Policía Nacional han desmantelado en Murcia una organización dedicada a estafas a gran escala en el sector del transporte de mercancías, en una operación en la que han sido detenidas veintiséis personas que podrían haber causado un perjuicio de unos 700.000 euros a al menos 67 empresas.

En el curso de la denominada operación Track-Trailer, los agentes han realizado ocho registros en oficinas y domicilios de Murcia y Cartagena, donde han intervenido documentación, material informático, dinero en efectivo, un vehículo y varios bienes inmuebles.

La red había creado en 2011 un entramado de sociedades instrumentales con testaferros al frente y hasta el momento se han detectado 67 empresas perjudicadas en Murcia, Alicante, Valencia, Madrid, Barcelona, Gerona, Almería, Granada, Huelva, Navarra, Pontevedra y Lugo), así como en otros países europeos (Alemania, Italia, Rumanía, Bélgica, Francia, Suecia y Holanda).

A mediados de 2013 y tras recibir varias denuncias relacionadas con supuestas estafas perpetradas por una mercantil del sector del transporte en la Región de Murcia, agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil iniciaron sendas investigaciones, que culminaron en la creación de un equipo conjunto de investigación, especializado en delincuencia económica.

Según fuentes del Ministerio del Interior, esta organización criminal utilizaba empresas que operaban como intermediarias, que subcontrataban el transporte internacional de mercancía por carretera, el cual abonaban mediante pagarés sin fondos o, sencillamente, obviaban el pago una vez materializada la entrega de mercancía.

En una misma contratación de servicio de transporte llegaban a utilizar varias empresas pantalla, una de las cuales se relacionaba con la compañía contratante del servicio y la otra con la que realizaba el porte, con el objetivo de diluir aún más su relación delincuencial.

Al frente de las mercantiles, así como en su constitución y administración figuraban testaferros, generalmente de origen extranjero y seleccionados por la cúpula de la organización, aprovechando su precaria situación económica.

Las empresas eran controladas por los verdaderos encargados de la trama, que incluso obligaban a los testaferros a abandonar el país para evitar su localización por víctimas o investigadores.

Uno de los testaferros era una persona de edad avanzada que, sin saber leer ni escribir, era el fundador y administrador de una empresa que comercializaba diariamente decenas de portes, han señalado las fuentes, que han indicado que otros eran jóvenes que acababan de cumplir la mayoría de edad y con nulos conocimientos empresariales.

Además, los responsables de la organización criminal, para evitar ser localizados, establecían como sede social de las empresas instrumentales inmuebles que nunca fueron utilizados para su actividad comercial, y para la gestión burocrática utilizaban oficinas que cambiaban de ubicación frecuentemente.

La ingente actividad del grupo y el hecho de que muchas mercantiles afectadas tuvieran cubierto el "riesgo comercial" con entidades aseguradoras, hace que posiblemente no se llegue a conocer la totalidad de empresas perjudicadas y el volumen total del dinero estafado, aunque es previsible que las cifras investigadas se vayan incrementando, han indicado las fuentes.

En el marco de esta operación se ha detenido a 26 personas, de entre 24 y 80 años, de las cuales 21 son de nacionalidad española, tres colombiana, una brasileña y otra rumana, entre los que se encuentran los dirigentes de la red criminal.

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia, de los 26 detenidos, nueve han pasado a disposición judicial del Juzgado de Instrucción Nº9 de Murcia, cuyo titular ha decretado la prisión para uno de ellos.

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