Detenidos dos dueños de la residencia de Soto del Real por la muerte de una anciana

El centro fue clausurada por la Comunidad de Madrid tras una denuncia de la Fiscalía
Residencia Arzobispo Morcillo en Soto del Real (Madrid). EFE
photo_camera Residencia Arzobispo Morcillo en Soto del Real (Madrid). EFE

La Guardia Civil ha detenido a dos hermanos propietarios de una residencia de mayores de Soto del Real (Madrid) por la muerte de una anciana de 101 años por desnutrición y deshidratación el 7 de julio, una semana antes de que se cerrase el centro tras una denuncia de la Fiscalía al apreciar peligro para sus residentes.

Fuentes próximas a la investigación han indicado a Efe que el detenido este jueves es Carlos P.B., propietario de la residencia Arzobispo Morcillo junto a su hermano, que fue arrestado el pasado 15 de julio. Además de por un delito de homicidio imprudente, están imputados por un delito de lesiones y otro contra la salud pública.

El centro, que fue cerrado hace tres semanas, contaba con 60 residentes en el momento en que la Comunidad de Madrid decidió clausurarlo pero solo uno de ellos tuvo que ser reubicado en una plaza de emergencia de la Agencia Madrileña de Atención Social.

Los detenidos estarían acusados de un delito de homicidio imprudente y de otro de lesiones 

 La residencia, de titularidad privada, fue clausurada por orden de la Comunidad de Madrid tras una inspección reciente de la Fiscalía de Madrid en la que se comprobó el estado "deplorable" de las instalaciones. 

Desde la Comunidad destacaron que desde el primer momento, la Consejería de Políticas Sociales y Familia había estado en contacto con los familiares de los residentes de este centro privado con los que contactó uno a uno telefónicamente para informarles de la situación.

 Además, se les proporcionó un listado con centros cercanos y se les aseguró que, en el caso de no poder asumir el cuidado de su familiar, se le proporcionará de manera temporal una plaza de emergencia en alguna residencia de la Agencia Madrileña de Atención Social. 

Aparte, la Consejería de Políticas Sociales y Familia sancionó el pasado febrero con 24.204 euros a la residencia, según detallaron fuentes de este departamento. La sanción se impuso por falta de mantenimiento; por no actualizar los libros de incidencias y por estar por debajo del ratio del personal. 

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