La Abogacía del Estado asegura que las formaciones Acción Nacionalista Vasca (ANV) y el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) están instrumentalizadas por ETA y son las sucesoras de Batasuna, por lo que ambas deben ser ilegalizadas, tal como demanda el Gobierno central.
En sus alegaciones finales ante la Sala Especial 61 del Tribunal Supremo, el abogado del Estado sostiene que Batasuna controla ambas formaciones políticas, ha asumido como propios sus resultados electorales y es la formación ilegalizada la que ha realizado sus campañas en los comicios a los que se han concurrido.
El informe cita como ejemplo, las declaraciones del portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, felicitándose por los resultados electorales de ANV en los comicios municipales y forales de 2007. También ETA "hace suyos", asegura el escrito, los votos del partido en su boletín interno número 112, al igual que dos años antes hizo con los resultados del PCTV en las autonómicas de 2005.
Una ''caja única'' para financiarse
La financiación del partido es otro de los pilares de la demanda. La Abogacía considera que existe una "caja común o única" donde se gestionan y administran todos los recursos económicos de ANV, PCTV y Batasuna, que se vació a través de transferencias cuando comenzó el proceso de ilegalización, "ante el temor" de que se procediera a decretar su embargo o inmovilización.
Destaca que la gestión económica-financiera se realizaba en la sede del PCTV en Usurbil (Guipúzcoa), donde se hallaron documentos de los tres partidos y las tarjetas y claves precisas para manejar las cuentas de ANV, lo que sería "inimaginable" si se tratara de "verdaderas organizaciones independientes".
Igualmente, el Abogado del Estado menciona que el 71% del personal laboral de ANV se encuentra relacionado "en mayor o menor grado" con Batasuna y sus antecesoras Euskal Herritarrok y Herri Batasuna.
El PCTV, un medio para burlar la ilegalización
Sobre el PCTV, el Ejecutivo considera "plenamente acreditado" que ha sido utilizado por el complejo ETA/Batasuna "como medio para burlar" la ilegalización de la formación abertzale decretada por el Supremo en 2003.
"El PCTV no es más que una cáscara vacía, que ha sido utilizada por Batasuna para concurrir a las elecciones del Parlamento vasco de 2005 y que, una vez cumplida esta función, ha sido sustituida por otra formación política (ANV) a efectos de participar en nuevos procesos electorales", asevera el escrito.
El hecho de que el PCTV haya contratado como asesores a Joseba Álvarez y Jone Goirizelaia -portavoz y abogada de Batasuna, respectivamente-, añade, "no hace sino reforzar que el PCTV ha sido instrumentalizado" por la formación abertzale.
Otro de los argumentos que el Abogado del Estado sostiene es que ANV no sólo no condenó el atentado contra la casa cuartel de Durango (Vizcaya), que tuvo lugar el 24 de agosto de 2007 y fue el primero de ETA tras anunciar la ruptura del alto el fuego el 5 de junio anterior, sino que lo calificó como una "consecuencia del conflicto".
Decisión en septiembre
Con la presentación de la demanda del Abogado del Estado y de la Fiscalía, que lo hizo el pasado día 4, los partidos demandados tienen ahora un plazo de 20 días para formular sus alegaciones y el TS podrá decidir en los veinte días siguientes, lo que supone que a mediados de septiembre la Sala del 61 podría haber dictado sentencia sobre la ilegalización de ANV y PCTV.
El proceso se inició en enero, cuando el Consejo de Ministros aprobó la presentación de la demanda. En febrero, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dictó la suspensión de la actividad de ANV y PCTV por un período de tres años por su vinculación con la banda terrorista y la ilegalizada Batasuna.
