El Arzobispado de Granada consultará al Vaticano sobre el ultimátum del juez

El Arzobispado de Granada está estudiando el último auto del juez que instruye los supuestos abusos sexuales de sacerdotes contra menores y consultará al Vaticano para ver cómo puede "conjugar" en este caso los ámbitos judicial y eclesiástico.

Fuentes del Arzobispado consultadas por Efe han eludido, en cualquier caso, valorar el fondo de la decisión del titular del Juzgado de Instrucción 4 de Granada, Antonio Moreno, quien este martes dio un plazo de tres días al prelado Javier Martínez para que le aportara toda la documentación de la que disponga sobre este asunto.

El Arzobispado se ha remitido asimismo al último comunicado público que emitió sobre el caso, en el que ya informó de que había respondido a un requerimiento anterior que le hizo el juez que la investigación canónica completa, iniciada a raíz de la denuncia de los hechos, dependía de la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano.

El Arzobispado, según las citadas fuentes, insiste por tanto en que esa investigación canónica está "en manos de la Santa Sede", ha recordado que ya se ofreció para ejercer de "intermediario" ante el Vaticano y ha subrayado que está estudiando el auto y que tendrá que consultar "a sus superiores".

Antes de que el instructor diera el ultimátum al arzobispo, este último ya aclaró al juez que, de acuerdo con la legislación canónica aplicable, la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano era "única instancia y tribunal eclesial competente" para el conocimiento de las posibles responsabilidades canónicas.

Dicha congregación del Vaticano es por tanto, según el prelado, la que sigue el procedimiento propio para el esclarecimiento de los hechos, la que posee la documentación requerida y la que podría autorizar su traslado a una instancia civil y la "eventual divulgación" de aquellas informaciones hechas "en el ámbito de la conciencia".

Esta postura del Arzobispado contrasta con la del juez que, en su auto de este martes, advirtió de que solicitar las declaraciones y los interrogatorios escritos de los sacerdotes sobre los que se inició expediente eclesiástico es "lícito y pertinente".

El instructor señaló asimismo al prelado que, después de más de seis meses, "escudarse" en la competencia de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que tiene funciones de juzgar canónicamente pero no siempre de instruir, supondría "indiciariamente una evidente negativa a cumplir y colaborar con las autoridades civiles, o de ocultación".

En la causa, cuya investigación comenzó en octubre de 2014, fueron imputados diez sacerdotes y dos seglares, aunque el principal imputado y considerado el cabecilla de "Los Romanones", el padre Román, es el único contra el que actualmente continúan las actuaciones judiciales.