El exconsejero andaluz de Innovación Martín Soler se ha acogido hoy a su derecho a no declarar sobre los ERE y ni el fiscal ni las acusaciones han pedido medidas cautelares contra él.
Martín Soler ha permanecido apenas cinco minutos en el despacho de la juez Mercedes Alaya, que le ha imputado presuntos delitos de prevaricación y malversación por el uso de las llamadas transferencias de financiación para pagar las ayudas investigadas.
El exconsejero se ha acogido a su derecho a no declarar pero su abogado ha presentado un escrito en el que defiende que sólo estuvo 11 meses en el cargo, entre 2009 y 2010, y que siguió todas las recomendaciones que le hicieron para cambiar el sistema de pagos.
Ni la Fiscalía Anticorrupción ni las acusaciones particulares que ejercen el PP, la Junta de Andalucía y el sindicato Manos Limpias han pedido fianza de responsabilidad civil ni otras medidas cautelares contra él.
Martín Soler es el octavo exconsejero de la Junta imputado por los ERE, entre ellos Magdalena Álvarez, que fue titular de Hacienda, junto a los expresidentes andaluces preimputados José Antonio Griñán y Manuel Chaves.
Según la juez, Martín Soler tuvo conocimiento en noviembre de 2009 del informe definitivo de la Intervención General de la Junta sobre la agencia IDEA y pese a eso siguió utilizando las llamadas transferencias de financiación para pagar las ayudas investigadas.
Hoy también han comparecido Antonio Valverde, exdirector de la agencia andaluza IDEA, para quien la Fiscalía ha pedido una fianza de responsabilidad civil de 3.600.000 euros, y Antonio Lara Revilla, ex director gerente del IFA, para quien el fiscal ha solicitado una fianza civil de 4.420.000 euros.
La juez ha imputado a ambos autorizar los pagos investigados pero la defensa de Lara Revilla ha argumentado que no tenía capacidad decisoria y que bajo su mandato no hubo déficit, según han informado a Efe fuentes del caso.
Las comparecencias de hoy se han completado con Gonzalo Suárez, exviceconsejero de Economía, para quien la Fiscalía no ha pedido medidas cautelares, y José Ángel Martín Moreno, administrador de Gestión de Infraestructuras Financieras de Europa (Gestifesa), para quien Anticorrupción ha pedido una fianza de 117.000 euros.
Según la juez, Gestifesa elaboró planes de viabilidad para la empresa Refractarios y Derivados por valor de 34.858 euros y para Refractarios de Guadalcanal que no tienen fecha, y además facturó otros 34.510 euros por un estudio de viabilidad para Azahara Textil que la Junta pagó en agosto de 2002 "aunque dicho estudio no ha sido localizado por la Administración".
También recibió del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) 34.510 euros por un estudio de viabilidad para Hitemasa.
Recoge la juez en su auto de imputación que "el importe de cada una de las facturas en ninguno de los casos superó los 30.050 euros sin IVA, cantidad coincidente con la recogida en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas para los contratos negociados sin publicidad".
