La Abogacía de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (CAIB) ha solicitado una fianza de responsabilidad civil para Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres de 3.498.014,81 euros por los posibles daños pecuniarios ocasionados a la comunidad en el caso Nóos de supuesta corrupción.
La reclamación de la comunidad autónoma se suma a la fianza ya solicitada por la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular de casi 8,2 millones de euros. La causa investiga el supuesto desvío al Instituto Nóos, presidido por Urdangarin y posteriormente por Torres, de unos 6,1 millones de euros de dinero de las administraciones autonómicas balear y valenciana entre 2004 y 2007.
La cifra reclamada por la comunidad balear deriva de los convenios firmados por distintas entidades del gobierno insular con el Instituto Nóos y sociedades vinculadas a él durante la legislatura 2003-2007, por una cuantía total de 2.630.086 euros, ha confirmado a Efe el Govern.
A esa cifra de los convenios se añade un tercio de la cantidad, 867.900 euros, como es habitual en el cálculo de las responsabilidades civiles por posibles intereses y costas.
La cantidad reclamada por la comunidad autónoma coincide con la solicitada por la Fiscalía y por Manos Limpias, aunque se limita al daño ocasionado a Baleares.
El juez Castro anunció ayer que decidirá a partir del 15 de enero sobre las solicitudes de fianza de las acusaciones a Urdangarin y Torres.
En un principio había dado un plazo de veinte días a los abogados de ambos para que pudieran presentar alegaciones, pero ha accedido a la petición de más tiempo por parte de la representación procesal de Torres.
Urdangarin declaró el pasado mes de febrero ante el juez y afirmó que su labor como presidente del Instituto Nóos se limitó "a la relación institucional de alto nivel", por lo que se hizo responsable de "sus acciones u omisiones", pero no de lo que hicieran sus subordinados.
