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El Gobierno reformará la ley del aborto para exigir el consentimiento paterno

El Gobierno español reformará la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo para exigir el consentimiento paterno en los casos de las menores de edad que quieran abortar.

El ministro español de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, hizo hoy este anuncio en su primera comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

Recordó que la ley actual fue aprobada "sin consenso y con la opinión desfavorable de los órganos consultivos" y señaló que la reforma se inspirará en la defensa del derecho a la vida según la doctrina ya definida por el Tribunal Constitucional.

El nuevo Gobierno del Partido Popular ya anunció antes de ganar las elecciones del pasado 20 de noviembre su intención de reformar esta norma aprobada por los socialistas.

La ley vigente desde julio de 2010 no exige el consentimiento paterno, pero sí que los progenitores sean informados de que sus hijas de entre 16 y 17 años van a interrumpir su embarazo, siempre que éstas no aleguen peligro de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o una situación de desarraigo o desamparo.

Esta norma, que generó una gran polémica en el país y una fuerte oposición de los sectores conservadores y de la Iglesia Católica, establece el aborto libre hasta la semana 14, y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto.

Esta ley sustituyó a la legislación que databa de 1985, cuando se despenalizó el aborto en casos de violación, graves malformaciones del feto y daño para la salud física y psíquica de la madre.

En 1985, la Ley del Aborto supuso uno de los cambios legislativos más importantes registrados en España, donde el aborto había sido siempre ilegal con la única excepción de la legislación aprobada en Cataluña durante la II República en diciembre de 1936, en plena Guerra Civil Española, y que fue suprimida en 1938.

Además, Gallardón ha anunciado también que el Gobierno estudiará la posible instauración de la pena de prisión permanente revisable, en la línea de la que existe en otros países europeos, que sería una pena excepcional para supuestos muy restringidos y que hubieran causado una gran alarma social.

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