El Gobierno y el PSOE están sondeando los apoyos con los que contarían en el Congreso ante una hipotética petición para prorrogar el estado de alarma, una decisión que el Ejecutivo comunicará en las próximas horas y para la que podrían contar, en principio, con el respaldo de CiU y PNV.
Cuando se cumplen diez días del paro masivo e imprevisto de los controladores aéreos, el ministro de Fomento, José Blanco, ha anunciado que, en algunos casos, habrá despidos, y, en otros, retirada de la licencia, además de la responsabilidad civil y penal que diriman los tribunales. Blanco ha dicho que el Gobierno evaluará el martes la posible ampliación del estado de alarma, ya que, de acuerdo con la ley, tendría que solicitar la prórroga el miércoles, a más tardar, para que sea debatida por el pleno del jueves de la Cámara Baja.
El estado de alarma aprobado concluye el próximo sábado, al cumplirse los 15 días fijados inicialmente en la Constitución para una declaración de ese tipo. La prórroga, no obstante, tiene que ser autorizada por el Congreso, previa petición del Gobierno antes de que expire el plazo.
Podría ser el propio Blanco quien desvelara la incógnita en la comparecencia que tiene prevista ante la comisión de Fomento del Congreso para informar de las decisiones adoptadas en relación con el servicio del tránsito aéreo.
Fuentes del Ejecutivo han recalcado que aún no hay una decisión tomada sobre la posibilidad de pedir la prórroga, pero han subrayado que están decididos a seguir adoptando todas las medidas que sean necesarias para garantizar la normalidad en el tráfico aéreo. Así de claro lo ha dejado desde Sevilla el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba: "Si entendemos que es preciso para garantizar la movilidad, no les quepa duda de que pediremos la prórroga", ha constatado.
Más ambiguo ha sido el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, para quien "el transporte aéreo ya está garantizado" con las medidas adoptadas, por lo que "no hay ningún riesgo", a su juicio, de que se repita el caos aéreo.
La opinión de los partidos
El secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, es partidario de que el Ejecutivo utilice todos los medios legales que estén a su alcance para garantizar que no vuelvan a repetirse los problemas, incluida la prolongación del estado de alarma, que es un instrumento "legal y constitucional".
La secretaria general del PP, María Dolores De Cospedal, ha desvelado que Rubalcaba se puso en contacto con el líder de su partido, Mariano Rajoy, para averiguar qué haría él si estuviera en el Ejecutivo, pero no le aclaró los planes del Gobierno. Según De Cospedal, el estado de alarma es "un estado de excepción con el que se limitan derechos" y, por ello, no puede funcionar como "un instrumento para negociar" con los controladores "en un conflicto muy grave, que es un conflicto laboral".
Quien ya ha adelantado su oposición a la prórroga es IU, cuyo diputado, Gaspar Llamazares, ha sentenciado que ampliar la alarma sería la demostración de la "impotencia" del Gobierno para recuperar la normalidad de un sector por los cauces habituales.
Los controladores no declaran
Mientras tanto, otros ocho controladores aéreos destinados en los centros de control de Barajas y de Torrejón de Ardoz se han negado a declarar ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid.
Al igual que ya hicieron otros compañeros suyos la semana pasada, han alegado que están a la espera de ser citados por la autoridad judicial que consideran competente --la militar y no la ordinaria-- y a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre los recursos que su sindicato, Usca, ha presentado contra los decretos por los que se militarizó el control aéreo y se declaró el estado de alarma.
Este lunes también, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha rechazado la competencia de este tribunal para investigar la denuncia interpuesta por la Organización de Consumidores y Usuarios (Ocu) contra los controladores aéreos.
