El Govern de Cataluña rechazó en 2006 financiar con un millón de euros un congreso sobre salud a propuesta del Instituto Nóos, según declaró este lunes por videoconferencia Ignasi de Juan, quien diseñó la iniciativa contratado por la asociación sin ánimo de lucro de Iñaki Urdangarin y Diego Torres. En la vigésima tercera sesión del juicio ante la Audiencia de Palma, aseguró que los altos cargos de la administración catalana con los que contactó –entre ellos "cuatro consellers" que no ha citado– indicaron que la aportación pública no podía superar los 300.000 euros. Eso sí, incidió en que las gestiones económicas no las llevó él personalmente porque, al contrario que en otros proyectos en los que había trabajado, en Nóos nunca tuvo "acceso a niveles financieros".
En los nueve meses que estuvo contratado en el instituto, de finales de 2005 a mediados de 2006, De Juan constató que Diego Torres estaba más volcado "en los temas de gestión", mientras que la responsabilidad de Urdangarin era sobre todo "abrir y facilitar los contactos". Según detalló, en los primeros meses de 2006 trabajó en la elaboración de un proyecto de congreso sobre salud y patrocinio a celebrar en Barcelona el verano siguiente, que inicialmente iba a durar dos días pero que se redujo a una jornada cuando el Govern catalán planteó que el millón de euros solicitado "no encajaba" con su disponibilidad económica. En cualquier caso, afirmó que el planteamiento era buscar financiación "donde había recursos antes de la crisis", que eran las administraciones públicas.
Este martes declaran la exsecretaria de Urdangarin, uno de sus sobrinos y otros extrabajadores 'ficticios'
El tribunal encargado de juzgar a los 17 acusados que se sientan en el banquillo interrogará este martes, a partir de las 9.15 horas, a la exsecretaria del marido de la infanta, Julita Cuquerella, a uno de los sobrinos del exduque, Jan Gui, y a otros extrabajadores supuestamente 'ficticios' que fueron contratados en el Instituto Nóos y otras mercantiles a éste vinculadas. Y es que las acusaciones sostienen que tanto el cuñado del Rey como su exsocio Diego Torres fingieron la contratación de empleados en la entidad y en otras empresas de su entramado, entre ellas Aizoon –de cuya mitad es propietaria Doña Cristina–, en aras a simular actividad para justificar y "ennegrecer" los ingresos que de forma irregular obtuvieron de las instituciones.
De hecho, varios de ellos han confirmado que, pese a estar dados de alta en estas sociedades, no realizaban trabajo alguno para las mismas, mientras que otros han explicado que cobraban de varias de ellas, y el excontable Marco Antonio Tejeiro –acusado en la causa–, explicó en su declaración que tan sólo dos de los trabajadores de Aizoon eran reales. Entre el personal en esa situación se encontraban varios empleados del servicio doméstico del palacete que Urdangarin y su mujer poseen en el barrio barcelonés de Pedralbes, además de una estudiante, una encuestadora, un asesor, dos personas que "nunca nadie ha visto trabajar" para la empresa, un "chico de los recados", una analista del estilo de vida de los deportistas y una persona con estudios de enfermería haciendo "cortas y pegas" de artículos de internet, tal y como sostiene la Fiscalía Anticorrupción.
También fueron contratados de forma ficticia los sobrinos de Urdangarin Jan, Lucas y Lucía Gui, además de otros empleados del hogar que trabajaban en la vivienda de Julita Cuquerella.
