El titular del juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz, Miguel Ángel López Marchena, se ha inhibido a favor de la juez Mercedes Alaya en el caso de los cursos de formación que afecta al exconsejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda, según han informado a Efe fuentes judiciales.
El juez de Cádiz ha dictado un auto en el que se inhibe en favor de Alaya, tal y como le había solicitado la Fiscalía de Cádiz, que consideraba que la titular del juzgado número 6 de Sevilla era la competente para hacerse con este caso, sobre todo una vez que Alaya había imputado en la causa que investiga al exconsejero.
El pasado 13 de septiembre, Alaya, que instruye el presunto fraude en los cursos de formación en Andalucía, imputó a Ángel Ojeda por los delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación, en un auto basado en las investigaciones desarrolladas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
En dichas investigaciones se señalaba que las empresas del exconsejero, integradas en el grupo Prescal, habrían recibido, en poco más de un año y medio, 33,3 millones de euros en subvenciones excepcionales a la formación y la contratación.
Alaya consideraba los hechos constitutivos de un delito continuado de prevaricación y de malversación de caudales públicos, y quedaba a la espera de recibir la documentación que obra en poder del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz a quien la Fiscalía ya le pidió que se inhiba en favor de Alaya.
MÁS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
La instructora del caso ha solicitado hoy mismo al Consejo Andaluz de Formación Profesional de la Junta y al Consejo General del Sistema Nacional de Empleo los informes sobre los cursos de formación emitidos desde 2002.
La juez hace esta petición en un auto dictado el 18 de septiembre, dos días después de otro auto en el que daba un plazo de diez días a la Intervención General de la Junta de Andalucía para que le informara, a través de la Guardia Civil, de todos los cursos de formación desde 2002 y para que le explicaran las exoneraciones, por las que las empresas no estaban obligadas a justificar las subvenciones antes de pedir otras.
Además, solicita al Consejo General del Sistema Nacional de Empleo las conclusiones y recomendaciones que hayan hecho sobre el funcionamiento del subsistema de los cursos de formación.
Al Consejo Andaluz de Formación Profesional le pide los informes que haya emitido desde 2002 sobre programas, acciones y subvenciones formativas de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.
La juez también solicita a la dirección general de Inspección de Trabajo y Seguridad Social el informe sobre los protocolos de colaboración y las actas de las reuniones en las que se recogen los sucesivos desarrollos de colaboración.
