El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que instruye el "caso Gürtel", toma esta semana declaración como imputados, entre otros, al considerado máximo responsable de la trama, Francisco Correa, y al exdirector general de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) Pedro García Gimeno.
Ambos serán interrogados en relación con la adjudicación de contratos del ente público valenciano a empresas de la trama Gürtel durante la visita del papa a Valencia en julio de 2006.
El primero en comparecer, hoy lunes, es Correa, que llegó en ambulancia a la sede del tribunal desde la prisión de Soto del Real después de que el magistrado haya rechazado que declare por videoconferencia o en los Juzgados de Colmenar Viejo debido a la claustrofobia que padece.
Ruz sí accedió, sin embargo, a que la conducción hasta la Audiencia Nacional no se realizase en un furgón policial y a que, una vez en su destino, el imputado no permaneciese en los calabozos.
El juez también interroga como imputados al presunto "número dos" de la trama, Pablo Crespo; al gestor de Orange Market, Álvaro Pérez, "el Bigotes"; y a Óscar Fragio Díaz.
La comparecencia del exdirector general de RTVV se producirá mañana, martes, fecha en la que también han sido citados como imputados Vicente Torró Casanova y Ana María Martínez Penades y como testigo Miguel Torroja Fungairiño.
Ruz acordó todas estas comparecencias a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y mientras espera a que el Tribunal Supremo "dirima definitivamente" qué órgano judicial es competente para investigar los supuestos delitos de cohecho y prevaricación atribuidos a García Gimeno durante el V Encuentro Mundial de las Familias, celebrado entre el 7 y el 9 de julio de 2006.
Anticorrupción sostiene que los hechos consistirían básicamente en la "percepción reiterada de dádivas -en forma de prendas de vestir, vehículos y entrega de fondos en metálico- por parte de Pedro García procedentes del entorno de Francisco Correa" y vinculadas con la contratación irregular de RTVV con empresas de la trama Gürtel.
Los hechos se extienden al reparto de beneficios obtenidos de la adjudicación de la Radiotelevisión Valenciana a la constructora Teconsa de los trabajos para el suministro e instalación del equipamiento de sonorización durante la visita del papa.
Según el juez, a través de la subcontratación de servicios con Impacto Producciones, Apogee Telecomunicaciones y Sirius Show Equipment, así como de los gastos contabilizados para la ejecución del contrato y las facturas emitidas por Wild Electronics, Castaño Corporate y Free Consulting -un total de 1.242.690 euros-, Teconsa podría haber dejado de ingresar diversas cantidades a Hacienda.
Las cantidades presuntamente defraudadas al usar como pantalla esas empresas serían la cuota de IVA soportado de 198.830 euros y el Impuesto de Sociedades de 2006 por la deducción improcedente de las facturas emitidas por las anteriores mercantiles al no responder a la prestación de servicios reales, cifrado en 434.941 euros.
Los hechos que se les imputan a los citados podrían ser constitutivos de un delito continuado de cohecho, un delito continuado de prevaricación, un delito de malversación de caudales públicos, un delito de blanqueo y varios delitos contra la Hacienda Pública.
