El pleno de les Corts Valencianes ha aprobado hoy por unanimidad pedir al Gobierno "el cierre definitivo y permanente" del almacén subterráneo de gas Castor, así como su posterior desmantelamiento, ante la inseguridad que genera.
El acuerdo aprobado advierte de que si se pone de nuevo en funcionamiento la planta, cerrada desde hace casi un mes, no hay "ninguna certeza ni seguridad de que no se volviesen a reproducir terremotos ni se pudiese garantizar la seguridad ciudadana".
Asimismo, el pleno del Parlamento valenciano insta al Ejecutivo autonómico a que, en el caso de comprobarse "posibles negligencias" en la tramitación del proyecto, "se exijan y depuren todo tipo de responsabilidades".
Estas deberán elevarse, según el texto consensuado, "tanto a la empresa concesionaria -Escal UGS, participada en un 66 por ciento por ACS- como a las autoridades que participaron en la resolución que autorizó el mismo".
Este acuerdo unánime, firmado por los portavoces del PP, PSPV, Compromís y Esquerra Unida, será remitido próximamente tanto al Congreso de los Diputados como al Senado.
La actividad de Castor, ubicado a unos veinte kilómetros frente a las costas castellonenses de Vinaròs, se encuentra paralizada desde el pasado 26 de septiembre por el Ministerio de Industria hasta que se corrobore que la inyección de gas en el almacenamiento está relaciona con los cientos de pequeños seísmos registrados en la zona.
La Fiscalía de Castellón mantiene abierta una investigación para esclarecer la posible responsabilidad penal de la empresa de la planta en esos seísmos, que ha incluido desde la personación de la Guardia Civil en las instalaciones hasta el requerimiento de una copia del documento del proyecto en la sede del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El proyecto Castor trata de aprovechar un antiguo pozo petrolífero a 1.750 metros de profundidad bajo el nivel del mar, ubicado frente a las costas de Vinaròs, para almacenar hasta un tercio de la demanda de gas del sistema durante 50 días.
Desde Escal UGS se ha defendido en el último mes que toda la construcción y la operación del almacén se ha hecho de acuerdo con las normativas más exigentes, y se ha reconocido la posible relación entre la actividad de la planta y los terremotos más leves, aquellos por debajo de los tres grados en la escala de Richter.
Colectivos vecinales de las zonas afectadas por los seísmos, tanto del norte de Castellón como del sur de Tarragona, se han manifestado en las últimas semanas en contra de la actividad de la planta y han exigido que no se vuelva a reabrir.
