El PSOE ourensano ha preguntado a la dirección estatal de Ciudadanos si el presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar Blanco, se verá afectado por la condición que impone el partido naranja para apoyar la investidura de Mariano Rajoy de que el PP expulse a sus cargos imputados por corrupción. A través de un comunicado emitido este martes, el portavoz socialista en el ente provincial ourensano, Ignacio Gómez, ha anunciado que enviarán "un dossier a los dirigentes de Ciudadanos" con información sobre los procesos a los que se enfrenta Baltar Blanco, quien, como ha recordado, está "siendo investigado por soborno y tráfico de influencias".
Así, Gómez ha calificado de "fraude a la ciudadanía" que "los supuestos adalides de la regeneración democrática" no aclaren si "van a aplicar sus propias condiciones para favorecer la investidura de Rajoy", entre las que incluyen la expulsión de cargos públicos que estén siendo investigados por corrupción. Asimismo, ha criticado que algunas voces del partido afirmen que esta condición no se aplicará a "cargos locales y autonómicos", por lo que ha recordado que la "regeneración democrática debe incluir todos los niveles de administración".
"La mala praxis en la actuación política no es corrupción; no es lo mismo meter la pata que meter la mano en la caja", advierte Villegas
Los socialistas ourensanos han avisado a C's de que "todavía no conocen el alcance y la gravedad" de los supuestos delitos de Baltar, quien está siendo investigado por un presunto "ofrecimiento de trabajo a cambio de favores sexuales". Así las cosas, ha añadido que la Diputación de Ourense es un ejemplo de "los niveles de enchufismo, caciquismo y actitudes antidemocráticas" que el partido dirigido por Albert Rivera "reconoce que afecta al PP".
En cualquier caso, el pacto anticorrupción se ha convertido en uno de los principales escollos de las negociaciones entre PP y C's. La primera condición del preacuerdo, la de suspender a los cargos públicos imputados, resulta más complicada de ejecutar de lo que a priori podría parecer y les exige consensuar qué casos se ven afectados y con qué plazos se aplica esa purga. La polémica este martes giró en torno al diputado popular por Castellón Óscar Clavell, imputado por prevaricación, malversación y fraude en su etapa de alcalde de Vall d'Uixó. El PP salió en su defensa asegurando que la causa por la que está siendo investigado no ha supuesto un enriquecimiento ilícito ni financiación ilegal y ahora queda por ver si Ciudadanos exige o no su acta en función de si la considera un episodio de corrupción política o de mala praxis.
Los socialistas ourensanos han avisado a C's de que "todavía no conocen el alcance y la gravedad" de los supuestos delitos de Baltar
La formación naranja pidió este martes información sobre la situación procesal de Clavell. El Tribunal Superior de Justicia valenciano cuestiona el pago de casi 707.000 euros en facturas de la empresa contratada para la limpieza viaria y transporte de residuos urbanos cuando ejercía de alcalde en funciones. Según recoge el auto del juez, "pese a los defectos de las facturas y pese a la oposición de los funcionarios correspondientes, validó personalmente su aptitud para el cobro, lo que permitió el abono de las mismas".
Sin embargo, el procesamiento fue recurrido en primavera a la vista de que Clavell era diputado. En junio, el PP volvió a presentarlo en su lista al Congreso por Castellón y revalidó su escaño, con lo que el tema se ha parado.
El vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, considera que el acuerdo firmado el viernes ya está vigente y que la salida de cargos imputados en casos de corrupción es aplicable para miembros del Gobierno y de las Cortes Generales desde el momento en que fue rubricado el pacto. Ahora bien, entiende que hay que distinguir entre casos de corrupción política, cuando hay enriquecimiento personal o financiación ilegal de un partido, y lo que son casos de "mala praxis" en el ejercicio de la actividad política. "La mala praxis en la actuación política no es corrupción, tendrá su reproche político o jurídico, pero no es corrupción. No es lo mismo meter la pata que meter la mano en la caja, que sí es corrupción", ha subrayado.
Por ello, se ha pedido información sobre la naturaleza de los delitos que se imputan al diputado para ver si es corrupción o de otra naturaleza y decidir si se exige el acta o no. Según ha explicado, esa misma distinción se hizo en Madrid y en Andalucía cuando se negociaba con los gobiernos autonómicos.
