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El Supremo cita a declarar a la senadora socialista Elena Diego por prevaricación

La senadora socialista Elena Diego prestará declaración el próximo día 14 de febrero ante el Tribunal Supremo como imputada en un supuesto delito de prevaricación cometido cuando era alcaldesa de Villamayor (Salamanca).

El alto tribunal se declaró competente hace unas semanas para investigar si la parlamentaria contrató a dos monitoras de cultura sin que hubieran sido elegidas en el concurso promovido para cubrir esas plazas.

El pasado mes de enero el Tribunal Supremo (TS) aceptó la inhibición del Juzgado de Instrucción 3 de Salamanca, que desde 2010 investiga una denuncia de la Plataforma Defensa de Villamayor contra Elena Diego, recientemente nombrada delegada federal para la dinamización de las Organizaciones Sectoriales del PSOE, y la entonces concejala de Gobierno e Interior, Cándida Ejido, que también declarará el día 14, ya que según señala el auto resulta imposible desvincular los hechos cometidos por ambas.

Según la exposición enviada al Supremo por el Juzgado de Instrucción de Salamanca, en agosto de 2008 la Concejalía de Gobierno e Interior del Ayuntamiento de Villamayor solicitó a la Alcaldía promover la contratación de monitores culturales y deportivos para desarrollar actividades de ocio y tiempo libre para el curso 2008-2009.

La Alcaldía requirió la elaboración de un informe sobre legislación aplicable y procedimiento a seguir, y siguiendo esas directrices se aprobaron las bases para la convocatoria de un concurso de méritos en régimen laboral temporal, que se publicó en prensa y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

El 30 de septiembre de 2008, la alcaldía acordó contratar a los nueve aspirantes propuestos por el tribunal calificador, pero un mes después la concejal de Gobierno, "solicitando la aprobación del expediente de nómina correspondiente al mes de octubre de 2008", incluyó junto a las nueve personas contratadas a otras dos más, una de ellas "ni siquiera había participado en el concurso de méritos".

La alcaldesa y hoy senadora dictó un decreto con fecha de 29 de octubre en el que acordó contratarlas como monitores, a pesar de que un día antes el interventor del Ayuntamiento le entregó un informe "formulando reparo al acto de reconocimiento de obligaciones económicas" con respecto a esas dos monitoras.

Además, el interventor censuró el sueldo asignado a una de ellas -M.C.A.C.- por superar el que le correspondía "con arreglo a los parámetros de responsabilidad, dedicación, formación y trabajo a desarrollar".

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