La Sala del 61 del Tribunal Supremo (TS) ha acordado este martes la ilegalización y disolución de Acción Nacionalista Vasca (ANV), al estimar las demandas presentadas por el Gobierno y por la Fiscalía, según informó en rueda de prensa el presidente del Supremo, Francisco José Hernando.
La sentencia, decidida por unanimidad, se hará pública en los próximos días. Hernando explicó que la decisión judicial tendrá como consecuencia, además de la disolución de ANV, "la liquidación y la puesta a disposición del Tesoro, según prevé la Ley de Partidos, de todos los bienes y efectos que pertenezcan" a la formación abertzale, que serán destinados a "actividades de interés social o humanitario".
La Sala del 61 volverá a reunirse mañana para comenzar a deliberar sobre las demandas de ilegalización que la Fiscalía y la Abogacía del Estado presentaron contra el Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK-PCTV).
''Aislar a los violentos''
Desde ANV, su representante Arantza Urkaregi aseguró que la ilegalización de este partido es una "decisión política" tomada de antemano a la que "habrán dado un poco de maquillaje jurídico", y advirtió de que la izquierda abertzale "seguirá con su trabajo" en favor de una nación vasca.
Por su parte, el Gobierno está satisfecho con la decisión Supremo, que considera "un paso adelante en el proceso normalizador de la vida política y ciudadana en el País Vasco" y un avance para aislar a los violentos y a quienes les apoyan. Una opinión que comparten los socialistas vascos del PSE-EE.
Desde el PP, el portavoz de la formación en el País Vasco, Leopoldo Barreda, reclamaba además que la sentencia "tenga consecuencias en los ayuntamientos donde ANV nunca debió estar representada".
Por su parte, los diputados de IU, Gaspar Llamazares, e ICV, Joan Herrera, han hecho un "llamamiento al mundo abertzale para que cambie su representación política" y se "desmarque y condene la violencia", tras afirmar que acatan la sentencia de ilegalización.
Críticas a la sentencia
Entre los que critican la sentencia destaca la opinión del portavoz de Nafarroa Bai, Patxi Zabaleta, que considera la ilegalización del partido "una mala noticia para la democracia y la sociedad vasca" porque da "un argumento dialéctico que es el utilizado por antonomasia por los que defienden el recurso a la utilización de la violencia". Además, cree que las argumentaciones en las que se basa son "poco rigurosas y con muy pocas pruebas".
También en contra se ha manifestado el Gobierno Vasco, que afirma que el Gobierno utliza de forma "espúrea" la Ley de Partidos Políticos para conseguir réditos electorales, una opinión que comparten desde Ezker Batua.
"Menos para lucha contra el terrorismo ha valido para muchas cosas, para cerrar las puertas a que una parte de esta sociedad pueda tener voz política y, desde luego, a cualquier intento para que los partidos nacionalistas pudieran tener mayor representación", aseguró la portavoz del Ejecutivo autonómico, Miren Azkarate.
Instrumentos de ETA-Batasuna
El pasado 30 de enero el Gobierno -a través de la Abogacía del Estado- presentó su demanda de ilegalización de ANV ante la existencia de "una relación de sucesión o continuación" de este partido con la ilegalizada Batasuna, y un día después hacía lo propio la Fiscalía.
En sus alegaciones finales ante el Tribunal Supremo, el abogado del Estado defendió que tanto ANV como el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) están instrumentalizadas por ETA y son sucesoras de Batasuna, porque existe una "caja común o única" que financiaba a las tres formaciones y tanto la banda terrorista como Batasuna habían asumido como propios los resultados electorales de ANV y el PCTV.
El Ministerio Público señalaba también que, tras una inicial ambigüedad calculada respecto de los actos terroristas de ETA, los miembros de ANV habían minimizado las acciones violentas de los terroristas, para terminar asimilando el discurso clásico de Batasuna.
El pasado mes de febro el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón había decretado por la vía penal la suspensión por tres años de las actividades los dos partidos políticos como medida cautelar por su vinculación a ETA-Batasuna.
