El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha acordado hoy cambiar el criterio por el que se denegó la jubilación anticipada a los 61 años a unos 1.400 trabajadores que perdieron su empleo antes del 1 de abril de 2013, pero habían seguido pagando la cotización a la Seguridad Social.
Tras reunirse con los agentes sociales, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, ha explicado que han consensuado un nuevo criterio interpretativo que corrige el que se había adoptado a principios de agosto para los afectados por la legislación anterior a la reforma llevada a cabo en 2013.
Según ha explicado Burgos, desde agosto unas 1.400 personas han visto denegado su acceso a la jubilación anticipada a pesar de que tenían suscritos convenios individuales con la Seguridad Social, por los que habían seguido cotizando de su bolsillo tras ser despedidos y que les permitían retirarse a los 61 años.
La denegación les obligaba a esperar a los 63 años para poder jubilarse, conforme a la legislación de 2013.
Con el cambio interpretativo todos los que tenían suscrito un convenio con la Seguridad Social que les permitía acogerse a la legislación anterior podrán seguir haciéndolo. En total, unas 30.000 personas que irán cumpliendo 61 años de aquí a 2019.
En los próximos días la Seguridad Social se pondrá en contacto con los 1.400 afectados a los que se les ha denegado la jubilación anticipada para informales del cambio de criterio y del mantenimiento de su derecho en los términos que tenían previsto.
Se trata de respetar el principio de "confianza legítima", ha dicho Burgos, que ha lamentado las incertidumbres que se hubieran podido generar por un criterio interpretativo que ha resultado tener unos efectos que "no eran los que perseguía la legislación aprobada".
El secretario de Estado se ha mostrado satisfecho con el entendimiento alcanzado con patronal y sindicatos en este asunto y ha dicho que en las próximas horas se enviará a todas las direcciones provinciales de la Seguridad Social la redacción definitiva con la interpretación de la norma.
En cualquier caso, Burgos ha defendido que no ha habido un error, ya que el anterior criterio interpretativo también se ajustaba a derecho, sino una modificación a la vista de que "no era totalmente acorde al espíritu de la norma" y tras comprobar que los convenios suscritos con los interesados "estaban funcionando correctamente y no eran mecanismos para aprovecharse del sistema".
