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Estrasburgo paraliza el desalojo de un bloque de 16 familias con 21 niños

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo (Francia), ha ordenado la suspensión cautelar del desalojo de un bloque de viviendas de Salt ocupado desde hace siete meses por 16 familias con 21 niños, según ha informado el abogado de los ocupantes, Benet Salellas.

Esta decisión ha sido acogida con gran alegría, cánticos e incluso con lágrimas por un millar de personas, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que desde anoche se han ido concentrando en apoyo de estas 16 familias que viven en este bloque ocupado y que tenían una orden judicial para abandonarlo antes de las 09.30 horas de esta mañana.

La Sareb, propietaria del inmueble, había solicitado el pasado mes de agosto el desalojo del bloque de viviendas, medida que finalmente fue acordada por la Audiencia de Girona, que fijó la ejecución del desalojo para el día de hoy.

El abogado Benet Salellas recurrió ante el Tribunal de Derechos Humanos para que paralizara temporalmente el desalojo, medida que ha sido aceptada por este organismo europeo hasta el 29 de octubre, mientras pide al Gobierno español que le informe antes del día 24 sobre la situación en la que se encuentran los habitantes de este inmueble, un total de 43 personas, entre los que hay 21 niños.

Salellas ha explicado que la resolución de la medida cautelar les ha llegado esta mañana a primera hora y ha destacado la importancia de la documentación remitida ayer a Estrasburgo "con la petición de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, que también reclamaba este aplazamiento".

"Ahora, el Tribunal pedirá a España que acredite la protección que se dará a estos niños y familias, que las realoje y que dé cumplimiento al derecho a la vivienda reconocido a través del Convenio Europeo de Derechos Humanos", ha explicado el letrado.

Benet Salellas ha acusado a las autoridades judiciales españolas de "dejadez" y ha subrayado que, por contra, Estrasburgo ha apreciado "evidentes indicios de que puede haber en este caso una infracción de derechos fundamentales".

Salellas considera que la medida abre una puerta jurídica "a corregir la indecencia de los tribunales de España" y ha reiterado que los derechos que avala Europa deben ser protegidos "de manera estricta".

Un portavoz de la comisión de obra social de la PAH, Pau Llonch, ha subrayado por su parte que esta plataforma lleva "días y semanas en busca de una reunión con la Sareb", que espera que se produzca "a raíz de esta sentencia".

A su vez, Llonch ha instado a la Generalitat a que ejerza de interlocutor en ese encuentro para conseguir que los pisos vacíos en propiedad del denominado 'banco malo' se pongan a disposición de la ciudadanía con menos recursos a cambio de un "alquiler social".

"Entendemos que la lucha no es jurídica, sino que la resolución debe ser política y que deben solucionarlo las autoridades españolas y catalanas y no Europa", ha añadido este portavoz.

Entre los concentrados para evitar el desalojo se encontraban representantes de las PAH de Cataluña y de ciudades del resto de España como Valencia, La Rioja o Madrid.

Igualmente, efectivos de Bomberos de la Generalitat se han sumado a la movilización frente al bloque de Salt, en el que las familias han manifestado su satisfacción tras conocer la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

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