Fernández Díaz reconoce el uso de medios antidisturbios pero con carácter ''disuasorio''

La Guardia Civil usó pelotas de goma, botes de humo y cartuchos de fogueo para disuadir a los inmigrantes que el pasado día 6 intentaban llegar a nado a la costa de Ceuta desde Marruecos, pero lanzó este material antidisturbios desde tierra y con efecto disuasorio, y nunca contra los inmigrantes.

Esta es la versión definitiva que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha ofrecido en el Congreso una semana después de la tragedia que, de momento, ha dejado doce subsaharianos muertos. Las autopsias no han revelado signos de violencia física derivada del uso de este material.

Durante cuatro horas, el ministro ha pormenorizado los detalles del suceso y ha anunciado que el espigón de la playa de El Tarajal, que sirve también de frontera entre Marruecos y España y que fue empleado por los inmigrantes para intentar entrar en Ceuta, será prolongado de forma inmediata, al tiempo que se remodelará el puesto fronterizo.

Fernández Díaz, que ha expresado su dolor por las muertes y ha defendido el trabajo de la Guardia Civil en los puestos fronterizos y, sobre todo, su labor humanitaria con los inmigrantes, ha expuesto el informe que él mismo pidió al Instituto Armado sobre el suceso.

Sin embargo, no ha sido hasta su segunda intervención cuando ha especificado que los agentes llegaron a utilizar pelotas de goma, ya que en su exposición inicial se había limitado a reconocer que se empleó material antidisturbios.

Eso sí, con carácter exclusivamente disuasorio y bajo los principios de "oportunidad, congruencia y proporcionalidad", ha dicho.

En su intervención de cierre -la tercera- el ministro ha concretado que también los agentes lanzaron desde tierra y hacia el mar -pero nunca contra los inmigrantes- botes de humo y cartuchos de fogueo, que solo hacen ruido porque no son efectivos en contacto con el agua.

Y para demostrar que en ningún momento el objetivo eran los subsaharianos y que solo se pretendía formar una "barrera disuasoria" en el agua, el ministro ha dicho que cuando los mandos del operativo se percataron de que podía peligrar la vida de los agentes dieron la orden "tajante" de cesar el lanzamiento de ese material.

A pesar de que algunos portavoces de los grupos de la oposición han reconocido la valentía del ministro para acudir a la cámara y dar explicaciones, algunos han reprochado a Interior las diferentes versiones que se han ofrecido sobre el uso o no de ese material.

Frente a ese reconocimiento, la oposición no ha ahorrado críticas al director general del cuerpo, Arsenio Fernández de Mesa, cuya dimisión ha llegado a pedir la Izquierda Plural, mientras que desde el PSOE se le ha acusado de actuar con un estilo de "cacique" y de estar más pendiente de pasar revista y de que le rindan honores.

Hasta el punto de que el diputado socialista Antonio Trevín se ha llegado a preguntar: "Pero ¿cuándo trabaja este hombre?" y ha recriminado a Fernández de Mesa intentar "esconderse detrás del cuerpo para eludir responsabilidades".

Y todo ello en referencia a las acusaciones que el director general del cuerpo vertió contra las ONG que habían criticado la actuación de la Guardia Civil en la tragedia.

Mientras, el ministro ha negado que se llevara a cabo lo que se conoce como una "devolución en caliente" de los inmigrantes en el mar, toda vez que ninguno logró rebasar la línea marítima fronteriza, ha recordado que los fallecidos murieron en territorio marroquí y ha puntualizado que la causa fue el ahogamiento derivado de la avalancha humana que los llevó hacia el mar.

Como pudieron comprobar los agentes, los subsaharianos portaban materiales fundamentalmente plásticos para fabricar chalecos salvavidas caseros, que se fueron desprendiendo de sus cuerpos ya en el mar, lo que les dejó indefensos.

En aras de la transparencia que ha querido imprimir a su comparecencia, el ministro ha ofrecido un dato que aún no se conocía: 23 y no 9 fueron los inmigrantes que alcanzaron la costa ceutí y que fueron devueltos. A algunos de ellos les socorrieron los propios guardias civiles.

Cuatro horas de debate que han servido también para que la oposición echara en falta una política de Estado consensuada en materia de inmigración, un guante que ha recogido el ministro quien ha expresado la voluntad del Gobierno de llegar a un consenso en esta materia.

Fernández Díaz ha querido resaltar la "encomiable" labor humanitaria de los agentes y ha recordado que el pasado año rescataron con vida en el mar a 3.454 personas, mientras que en enero de este año ya han salvado a 172.

También ha ofrecido datos sobre la inmigración irregular que ha descendido un 13 por ciento en 2013, aunque en Ceuta y Melilla la "presión migratoria" ha provocado un aumento del 45,8 por ciento, con 4.235 inmigrantes irregulares llegados a las ciudades autónomas, si bien la cifra es inferior a los 5.566 de 2005, en la denominada "crisis de la valla".

No se ha olvidado de las medidas policiales contra las mafias que trafican contra los inmigrantes, que en 2013 utilizaron por primera vez vehículos kamikaze.

Un "mercado de la muerte" que cuesta a las personas que quieren llegar a Europa para encontrar una vida mejor entre 4.000 y 6.000 euros si viajan en avión con documentación falsa; entre 600 y 800 el paso de los marroquíes en embarcaciones; unos 1.000 a los argelinos y entre 1.200 y 1.500 a los subsaharianos si pretenden entrar en embarcaciones corrientes y 3.000 si son naves rápidas.

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