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El fiscal recurre que el juez de violencia machista asuma el caso del suicidio asistido

Ángel Hernández. CARLOS PÉREZ (EFE)
Ángel Hernández. CARLOS PÉREZ (EFE)

Ángel Hernández ayudó a morir a su mujer, María José Carrasco, que padecía esclerosis múltiple

La Fiscalía y Ángel Hernández, el hombre que ayudó a morir a su mujer, María José Carrasco, recurrirán la decisión del juez de Madrid de inhibirse a favor de un juzgado de Violencia contra la Mujer, al entender que las circunstancias del caso "excluyen" la violencia machista. En rueda de prensa, la fiscal de sala de Violencia machista, Pilar Martín Nájera, ha dicho que no comparte "ni la decisión ni los argumentos" del titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, que decidió el miércoles inhibirse en la causa del suicidio asistido de Carrasco, enferma de esclerosis múltiple, que la pasada semana se quitó la vida con la ayuda de su marido.

Según Martín Nájera, el juez ha hecho una "valoración sesgada" de las sentencias en las que se ha apoyado para tomar su decisión, lo que ha achacado a que no está especializado en los delitos tipificados como violencia de género, que se deben cometer en un contexto de "dominación, humillación y discriminación". La fiscal considera que estas circunstancias no se han producido en la muerte de María José, quien reiteradamente y públicamente había manifestado su voluntad de morir.

El juez madrileño se ha amparado en la Ley de Violencia de Género y en la doctrina del Tribunal Supremo, que determina que cualquier delito tipificado dentro de los relacionados con el homicidio que se hayan cometido contra quien o haya sido la esposa del autor o haya tenido una relación de afectividad análoga deben ser investigados por juzgados específicos.

Los argumentos esgrimidos por la fiscal son compartidos por la abogada de Ángel Hernández, Olatz Alberdi, que ha calificado de "injusto" que su cliente se vea sometido a un juzgado de violencia de género, "con lo que ello conlleva a nivel emocional". A su juicio, no todos los casos entre un hombre y una mujer "deben tramitarse por violencia de género cuando las causas y la intención están claras, como ocurre en este caso".

Tras la muerte de Carrasco, Ángel Hernández fue detenido y pasó a disposición de la jueza que estaba de guardia, en el 36 de Madrid, que decidió dejarlo en libertad sin medidas cautelares investigado por un delito de auxilio o cooperación al suicidio. Esa jueza se inhibió en el número 25, que es el que se encontraba de guardia de diligencias el día de los hechos y procedió al levantamiento del cadáver.

El delito que se le imputa sigue siendo el de auxilio o cooperación al suicidio, tipificado en el artículo 143 del Código Penal y que contempla penas que van desde los dos hasta los diez años de prisión. Desde el Gobierno, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha manifestado que es "interpretable" que este caso sea competencia de un juzgado de violencia de género y ha opinado que la decisión judicial se ha basado en una sentencia del Tribunal Supremo de 2018 en un supuesto "diferente y tácticamente distinto" al de Carrasco y su marido.

Por su parte, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha subrayado que no es un caso de violencia de género", sino una acción consecuencia de "mucho amor" y de "31 años de sufrimiento y de desatención". En este sentido también se ha pronunciado la Asociación Derecho a Morir Dignamente de Cataluña, cuya vicepresidenta, Nani Hidalgo, ha asegurado que la muerte de Carrasco no se debe a violencia de género y ha vaticinado que el proceso "no tendrá recorrido y será sobreseído".

La Conferencia Episcopal considera que el sistema "no ha estado a la altura" en la muerte de Carrasco y, según su secretario general, Luis Argüello, existen atenuantes y eximentes "ante una situación que puede ser calificada como de 'estado de necesidad'". El suicidio asistido de María José Carrasco ha reabierto el debate sobre la despenalización de la eutanasia, en el que ha participado la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria (CAMFiC) al mostrarse favorable a reformar el Código Penal para regular esta práctica, así como el Colegio de Médicos de Barcelona, aunque han pedido que se saque este asunto de la campaña electoral para debatirlo "con tranquilidad".

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