La Fiscalía de Menores ha archivado las diligencias del caso del niño de 9 años presuntamente violado por compañeros de colegio de la Sierra de Jaén, al ser los agresores no imputables por ser menores de 14 años, han informado fuentes de la Fiscalía Superior de Andalucía.
La Fiscalía ha trasladado el caso a la Junta de Andalucía, que desde las consejería afectadas, atención al menor y asuntos sociales investigan lo ocurrido y tendrán que decidir las medidas necesarias.
Instituciones como la Junta de Andalucía y el Defensor del Pueblo y del Menor han hecho hoy un llamamiento a la prudencia y responsabilidad de los medios de comunicación ante la gran presión que están ejerciendo sobre los menores implicados y sus familias.
El Gobierno andaluz ha sido el más activo a la hora de reclamar "cautela y respeto" para garantizar la protección e intimidad de los menores, tanto de la presunta víctima, un niño de 9 años, como de los supuestos agresores, cuatro compañeros de entre 12 y 14 años de un colegio de la comarca de Cazorla.
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha aprovechado una visita a la Línea de la Concepción para pedir a los medios de comunicación "respeto" a la familia del menor y ha lamentado la "presión mediática desproporcionada" que se está produciendo a las puertas del domicilio de la familia.
Susana Díaz ha recordado que pidió "respeto, porque es un menor" pero hoy "lamentablemente" ha constatado que "ese respeto no se está dando a la familia".
"Entiendo que hay que informar y es importante que haya transparencia, pero depende de cómo se trate una noticia el impacto sobre la familia será uno u otro, y hoy esta familia se siente mal", ha indicado la presidenta.
El Defensor del Pueblo andaluz y del Menor, Jesús Maeztu, ha advertido de que el hecho de que no sean los menores imputables "no quiere decir que los agresores se vayan de rositas".
"Cuando haya certeza de quienes son los autores tienen que entrar en un programa de reeducación de abusos sexuales y hay que establecer si las familias deben entrar también. Hacerlos entrar en el Código Penal los convertiría en carne de cárcel", ha subrayado.
Maeztu ha rechazado endurecer la ley del Menor para casos como este y ha abogado por un programa de reeducación para evitar los abusos sexuales.
Calatayud ha asegurado que hay que dejar "que los niños sean niños" y no empujarlos a ser "adultos prematuros", al tiempo que ha recordado que hay muchos menores que han visto pornografía, que está "a un clic de sus teléfonos inteligentes" en una sociedad del "todo vale para vender".
