La Fiscalía pide abrir una causa al primer juez del caso Cursach y un fiscal por irregularidades

El Tribunal Superior de Justicia de Balears propuso esta semana juzgar al juez que se encargó después de la instrucción y que ordenó requisar móviles de periodistas

El juez Manuel Penalva. EFE
photo_camera El juez Manuel Penalva. EFE

La Fiscalía Anticorrupción ha apoyado abrir una causa penal al antiguo instructor del caso Cursach, el juez Manuel Penalva, y al fiscal Miguel Ángel Subirán por presuntos delitos de revelación de secretos, prevaricación y obstrucción a la Justicia cometidos cuando investigaban la citada causa contra el empresario balear, según señala el escrito al que ha tenido acceso Europa Press. 

En el informe, que firma el fiscal adscrito al departamento de Anticorrupción en Madrid Tomás Herranz, el ministerio público solicita que se eleve la causa al Tribunal Superior de Justicia de Balears, dado que Penalva y Subirán gozan de la condición de aforados. El fiscal considera que "concurren indicios de la posible comisión de distintos delitos" por parte del juez y el fiscal en el ejercicio de sus funciones según detalla el escrito, adelantado este viernes por la cadena SER. 

Así, incide en que "concurren indicios de la posible comisión de distintos delitos" por parte del juez y el fiscal del caso Cursach en el ejercicio de sus funciones. Los indicios se basan, fundamentalmente, en los chats de un grupo de whatsapp en el que participaban tres de los cuatro policías nacionales imputados en la pieza —antiguos integrantes de la Unidad de Blanqueo de Capitales— así como el fiscal y el juez. Estos mensajes fueron hallados en el teléfono móvil de uno de los agentes, incautado cuando fue detenido en diciembre. 

La Fiscalía considera que de estos mensajes se desprende la posible comisión de un delito de prevaricación. Apunta que el fiscal y el juez pudieron generar de manera "deliberada e injustificada" circunstancias para poder acordar una medida cautelar de prisión contra imputados en la macrocausa de corrupción policial, "y no para avanzar en el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación".

Tras analizar los chats, el fiscal Herranz también aprecia indicios de una posible revelación de secretos y obstrucción a la Justicia y deslealtad profesional a raíz de las informaciones periodísticas publicadas sobre la causa, que estuvo largo tiempo bajo secreto.

REVELACIÓN. Manuel Penalva, titular del juzgado de instrucción número 12 de Palma, fue apartado del caso Cursach en marzo de 2018 a raíz de un incidente de recusación promovido por las defensas. Fue sustituido por el magistrado Miguel Florit. En julio, tras una denuncia del exdirector general del Grupo Cursach, Bartolomé Sbert, el nuevo instructor abrió diligencias por una posible revelación de secretos. 

En esas diligencias, Florit ordenó obtener los listados de llamadas de dos redactores de Europa Press y Diario de Mallorca e incautarse de sus teléfonos móviles. Los periodistas se querellaron contra el magistrado y se abrió una investigación. 

Uno de los agentes investigados planteó recusar a Florit por entender que estaría contaminado por la causa de los periodistas, y esto ha llevado a que Florit se aparte temporalmente del caso, que recayó en el titular de Instrucción número 7, quien también se abstuvo. De este modo, la causa en la que se enmarca el informe se encuentra sin juez y paralizada

La polémica incautación de móviles a periodistas, más cerca del juicio
Esta misma semana la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Balears Felisa Vidal dictó un auto por el que acuerda seguir por el procedimiento abreviado las diligencias contra Florit, al apreciar suficientes indicios de criminalidad en la actuación del magistrado, que ordenó incautarse de los móviles de dos periodistas y obtener sus listados de llamadas y geoposicionamientos. 

La instructora decide continuar con las diligencias por si los hechos fueran constitutivos de un delito de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad del domicilio, contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista y de interceptación ilegal de comunicaciones. Se trata del paso previo a la apertura del juicio oral, por lo que Vidal ha abierto un plazo para que las partes presenten escrito de acusación.

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