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La Fiscalía se ratifica en la petición de penas en el juicio del 'procés'

Los acusados, en una jornada del juicio en febrero. EFE
Los acusados, en una jornada del juicio en febrero. EFE

Eleva a definitivas sus conclusiones y pide 25 años de prisión para Junqueras y 17 para Forcadell y los Jordis ► Pide que los condenados no puedan tener el tercer grado hasta cumplir la mitad de la pena

La Fiscalía ha mantenido la petición de penas de prisión contra los doce líderes soberanistas que se sientan en el banquillo del Tribunal Supremo al considerar acreditada la rebelión con la malversación y ha pedido que si son condenados no se les aplique el tercer grado hasta cumplir la mitad de la pena, lo que impediría a la Generalitat aplicar beneficios antes de tiempo.

Transcurridas 16 semanas tras el inicio del juicio del procés y una vez practicada toda la prueba, el tribunal ha escuchado en la tarde de este miércoles las conclusiones definitivas que han elevado acusaciones y defensas. Y no ha habido sorpresas. Como ya se había anunciado previamente, la Fiscalía no se ha movido un ápice de las conclusiones provisionales al entender que no hay razón para modificar ni los delitos ni las penas de prisión, que se mantienen invariables.

Pide así 25 años de prisión para Oriol Junqueras por rebelión agravada por malversación como líder del procés y 16 años para cada uno de los exconsellers presos por los mismos delitos, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva y Dolors Bassa.

Para los Jordis y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell —también en prisión— solicita 17 años por rebelión, penas más elevadas que los exconsejeros presos al considerarles promotores; mientras que para los exconsellers Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila plantea 7 años por malversación y desobediencia.

Tampoco ha variado su posición la Abogacía del Estado que acusa por sedición, malversación y desobediencia. Las penas quedan igual. Son 12 años para Junqueras por sedición y malversación; 11 años y medio para Turull, Forn, Rull, Romeva y Bassa por los mismo delitos; 10 para Forcadell y 8 para los Jordis por sedición; y 7 años para Vila, Mundó y Borràs por malversación y desobediencia.

Mientras la acusación popular que ejerce Vox ha retirado a Santi Vila la acusación de organización criminal y malversación y tan solo lo acusa de desobediencia, que no conlleva pena de prisión sino de inhabilitación. Con el resto de acusados no hay cambios.

Como era de esperar, las defensas se han ratificado también en la libre absolución de los acusados al considerar que no han cometido delito y que no hubo violencia ni actuación que ampare ni la rebelión ni la sedición.

Tan solo han introducido un matiz por el cual plantean de manera subsidiaria y alternativa la eximente prevista en el artículo 20.7 del Código Penal, que establece que estará exento de responsabilidad criminal "el que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo".

TERCER GRADO. En un plano más técnico pero no menos importante, la Fiscalía ha pedido al tribunal que aplique el artículo 36.2 del Código Penal para que en caso ser condenados no obtengan el tercer grado hasta cumplir al menos la mitad de la pena, lo que impediría a la Generalitat de Cataluña —donde cumplirían la condena al tener competencias en materia penitenciaria— excarcelarlos o aplicar beneficios penitenciarios antes de tiempo.

Todo ello viene recogido en su escrito de conclusiones finales, que deberá exponer el próximo martes junto al resto de acusaciones, en el que para reforzar la rebelión, añade la mención al clima "claramente insurrecional" que se vivió en Cataluña del 19 de septiembre al 27 de octubre.

TESIS. De manera destacada da credibilidad a la versión de la Prefectura de Mossos sobre la reunión con Puigdemont, Junqueras y Forn del 28 de septiembre de 2017 al considerar que les advirtieron de que "era altamente probable que se produjeran situaciones violentas" ya que se esperaba una "enorme movilización", que podría propiciar "choques y enfrentamientos" con la policía, que tenía el mandato judicial de impedir la celebración del referéndum, de manera que pidieron que desconvocara la votación.

Llegado este punto, recoge lo que dijeron algunos comisarios sobre la respuesta del expresident: "Si el 1-O había violencia declararía la independencia". Está por ver el impacto que puede tener esta tesis en la acusación del ministerio público contra la cúpula policial del "procés" en la Audiencia Nacional.

Aunque las conclusiones de las partes han sido las que se han llevado el protagonismo, en realidad la jornada ha estado centrada en los centenares de vídeos de las defensas.

Un grupo de trabajo de la Onu critica la prisión de Junqueras y los Jordis
Un grupo de trabajo de la Onu ha calificado de "arbitraria" la privación de libertad de los líderes independentistas Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, por lo que su abogado Ben Emmerson ha pedido a España que excarcele a sus clientes "de inmediato".

Este grupo de trabajo, dependiente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, considera en su documento que la prisión preventiva de los tres independentistas vulnera los derechos humanos y pide al Gobierno español que los ponga en libertad.

El Gobierno ha desacreditado el informe, que además ve "especialmente grave" en un momento como éste porque podría ser interpretado "como una interferencia en un proceso penal en marcha". 

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