La defensa del expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón ha pedido al juez del caso Lezo que explique por qué le cita como investigado en relación a la compra de la colombiana Inassa en 2001 por parte del Canal de Isabel II, una operación de la que no hay prueba de irregularidad alguna en el "abrumador" sumario.
Los abogados del expresidente, entre los que figura su hijo José Ruiz-Gallardón, han presentado al magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón un escrito de recurso a la citación en junio, tanto del expresidente madrileño como del exconsejero de Justicia y expresidente del Canal Carlos Mayor Oreja y del exconsejero de Presidencia Manuel Cobo.
Los tres formaban parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid cuando se aprobó la compra de Inassa por parte del Canal por 73 millones de dólares, investigada por un supuesto sobreprecio.
En su escrito, la defensa de Gallardón expone los motivos por los que, a su juicio, esta sospecha no ha quedado acreditada en casi tres años de investigación.
"No existe en el sumario indicio alguno de que los 73 millones de dólares pagados en 2001 contuvieran sobreprecio", más allá de un informe de Cuatrecasas y dos pinchazos al expresidente madrileño Ignacio González y a su hombre fuerte en Sudamérica Edmundo Rodríguez Sobrino, que son, dice la defensa, "incompatibles con el ya abrumador contenido del sumario".
En uno de esos pinchazos, González explicaba el exministro Eduardo Zaplana que "Alberto hizo una operación, que no sé si estaba Alberto, pero desde luego su gente sí (...). Compraron una sociedad, que no valía ni treinta millones de dólares, por cien", y añadía: "Tratamos de arreglarlo, pero yo tengo todavía un dictamen así, de Cuatrecasas, sobre toda la operación, que no te puedes imaginar".
Ese dictamen de Cuatrecasas que desaconsejaba la compra -fechado en 2004, tres años después de la operación- lo encargó personalmente González a su cuñada Pilar Cavero, socia de honor de Cuatrecasas, y se hizo al dictado del exgerente del Canal Ildefonso de Miguel, tal y como declararon la propia Cavero y uno de los abogados que se encargaron del documento.
Para elaborarlo "no se desarrolló ninguna entrevista con personal, directivos, secretarios del Consejo de Administración o consejeros que hubieran participado en la operación" y sus únicas fuentes de información fueron "las que decidía como convenientes Ildefonso de Miguel", dice el recurso.
