La Generalitat restringe su relación con el Gobierno y prevé acciones legales

Pide que se "depuren" responsabilidades por las denuncias de espionaje a más de 60 independentistas​
Pere Aragonés. RUBÉN MORENO (Efe)
photo_camera Pere Aragonés. RUBÉN MORENO (Efe)

El Govern de Pere Aragonès ha acordado este martes "restringir" sus relaciones políticas con el Ejecutivo central hasta que se esclarezcan las denuncias de espionaje a más de 60 independentistas y se "depuren" responsabilidades, un caso por el que planea emprender "acciones legales" a todos los niveles.

Así lo recoge el acuerdo aprobado por el gobierno de la Generalitat en su reunión ordinaria de este martes, en el que constata que la reacción del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante este "escándalo político" ha sido hasta ahora "del todo insuficiente", lo que "pone gravemente en peligro la confianza" entre gobiernos.

Esto obliga, señala el texto del acuerdo, a "restringir las relaciones políticas a las mínimas que se consideren en cada caso imprescindibles, hasta el esclarecimiento de los hechos y la depuración de responsabilidades al nivel que corresponda".

El Govern prevé impulsar "las acciones legales necesarias, a todos los niveles y en todas las instancias, para aclarar" este caso de "espionaje tecnológico masivo" y ya avanza que solicitará al Consejo de Ministros el "acceso a los contratos de cualquier tipo que se hayan podido firmar entre el CNI o cualquier otra agencia estatal y la empresa NSO Group", autora del sistema de ciberespionaje Pegasus. 
 

El espionaje a independentistas fue con control judicial
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) espió a líderes independentistas de forma "individualizada, no indiscriminada y siempre bajo control judicial", según publica este martes el diario El País que cita fuentes próximas al servicio secreto español.

Estas fuentes aseguran que el CNI usó el programa espía Pegasus, adquirido a mediados de la pasada década por unos 6 millones de euros, para vigilar las actividades de líderes independentistas en sus salidas al extranjero y niegan que se hayan pinchado teléfonos institucionales.

También sostienen que muchos de los políticos que figuran en la lista que se ha hecho pública jamás fueron objeto de investigación por parte del servicio secreto y que la cifra de los afectados por sus pesquisas es "muy inferior" a la mencionada.

Sí admiten que los líderes de asociaciones independentistas catalanas han sido objetivo informativo del CNI en los últimos años, pero no aclaran si el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y sus tres antecesores (Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra) figuran entre los espiados.

Según la información de El País, la ley reguladora del servicio secreto español, de cuya entrada en vigor se cumplen ahora dos décadas, le atribuye, entre otras misiones, la de "prevenir y evitar cualquier amenaza a la integridad territorial de España". 

En cualquier caso, las fuentes consultadas insisten en que todas las escuchas han sido autorizadas por el magistrado del Tribunal Supremo responsable de controlar las actividades del CNI o su sustituto.

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