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El Gobierno inicia este viernes el procedimiento para exhumar a Franco

El Valle de los Caídos. MARISCAL (EFE)
El Valle de los Caídos. MARISCAL (EFE)

Con ello se abre el plazo para que la familia del dictador, que amenaza con denunciar al Ejecutivo por profanación, presente alegaciones

El Consejo de Ministros inicia este viernes el procedimiento para exhumar a Francisco Franco del Valle de los Caídos, con la aprobación de un Acuerdo de incoación que abre el plazo para que la familia del dictador presente alegaciones.

Lo presidirá la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ya que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se encuentra esta semana en una gira por cuatro países de América Latina y acudirán todos los ministros excepto el titular de Asuntos Exteriores, Ue y Cooperación, Josep Borrell.

TRÁMITES. Ese plazo, de 15 días, permitirá a los afectados por la exhumación presentar alegaciones, personarse o comunicar el lugar donde desean que sean sepultados los restos de Franco.

Se trata de un trámite técnico con el que el Ejecutivo inicia un proceso que, calcula, puede demorarse hasta final de año.

La tramitación para desenterrar los restos de Franco se inició el viernes pasado con la aprobación por el Gobierno del real decreto que reformará la Ley de Memoria Histórica y que tiene que ser convalidado en el Congreso.

Si, en el plazo de 15 días que se inicia con el Acuerdo de incoación, la familia Franco no comunica al Gobierno el lugar donde quiere que sea enterrado el dictador, será el Ejecutivo el que decida dónde será la nueva inhumación "asegurando una digna sepultura".

Para ello, deberá solicitar la asignación del correspondiente título de derecho funerario al ayuntamiento en el que vayan a ser enterrados y un informe no vinculante al órgano competente de la comunidad autónoma en materia de sanidad mortuoria, para que sea emitido en el plazo máximo de un mes.

Concluidas estas actuaciones, se volverá a dar un plazo de diez días a los interesados (incluida la familia) para que presenten alegaciones y, transcurrido este, el Consejo de Ministros, mediante "Acuerdo motivado" resolverá si procede la exhumación y el traslado de los restos y su destino.

"PROFANACIÓN". La propia familia ya advirtió a Sánchez de que, si sigue adelante con la exhumación, podría incurrir en un delito de prevaricación y usurpación de funciones, además de otro de "profanación de sepultura".

Lo hizo este jueves en un burofax remitido por la Fundación Nacional Francisco Franco a la Presidencia del Gobierno el pasado 23 de agosto, en vísperas del último Consejo de Ministros que inició el procedimiento legal para la exhumación.

"Ponemos en su conocimiento por si se les hubiera pasado inadvertido, que dicha aprobación contraviene el artículo 86 de la Constitución por falta absoluta del presupuesto habilitante al no concurrir el requisito imperativo de la extraordinaria y urgente necesidad y podría ser constitutivo, entre otros, de un delito de prevaricación y usurpación de funciones, sin perjuicio de la posible comisión de un delito de profanación de sepultura ubicada en lugar de culto, inviolable, de acuerdo con el tratado internacional con la Santa Sede de 1979", reza la notificación oficial.

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