El Gobierno baraja 2024 como la fecha en la que se podría comenzar a implementar el sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado, como respuesta a los dos principios en los que se basará a partir de ese momento la utilización de las carreteras: "quien contamina paga" y "el que usa paga".
Según trascendió este miércoles, el sistema de pago, que puede ser ampliable al resto de vías, deberá llegar tras un acuerdo social y político, según recoge en el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia.
El Ejecutivo sostiene que, de acuerdo con la experiencia internacional, de 2 a 3 años es el tiempo mínimo necesario para desarrollar los instrumentos normativos y crear la estructura precisa para implantar este sistema de pago por uso a nivel nacional.
Según recoge en el documento, esta medida formaría parte de la Ley de Movilidad y Financiación del Transporte, con la que el Gobierno pretende introducir en España los principios de "el que contamina paga" y "el que usa paga".
Se espera que en el primer semestre de 2021 se eleve el texto al Consejo de Ministros para una primera lectura y que se apruebe en el segundo semestre de 2023.
La introducción de un sistema de ingresos que garantice fondos necesarios para la conservación de la red viaria estatal será tratado con los transportistas profesionales con objeto de llegar a un acuerdo, así como con las comunidades autónomas y otras administraciones.
Los particulares también se verán afectados, por lo que hasta el año 2024 se llevará a cabo una campaña de concienciación y sensibilización sobre la necesidad de esta medida. El Ejecutivo espera cierto rechazo inicial de la población en general, por lo ve aconsejable unas tarifas asumibles, escalables y progresivas.
Asimismo, se contemplan reducciones o bonificaciones a ciertos colectivos más desfavorecidos o a los usuarios habituales en ciertos tramos.
DÉFICIT DE MANTENIMIENTO CRECIENTE. Actualmente, la red estatal supera los 26.466 kilómetros de extensión, de los que unos 12.000 son carreteras de alta capacidad, siendo la más extensa de Europa.
El Ejecutivo señala que los costes de conservación son crecientes y que no es posible que sean asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios, lo que está generando un déficit acumulado de mantenimiento de la red, con una pérdida de su valor, así como un deterioro de la calidad del servicio y consecuencias en la seguridad vial.
Con estos peajes en las autovías, se pretende dotar al sistema de un mecanismo para garantizar su sostenibilidad financiera, introducir incentivos a los vehículos más sostenibles y eficientes e internalizar los costes externos ligados a factores como el impacto medioambiental (contaminación, ruido, ocupación del espacio), congestión o mantenimiento de las infraestructuras.
NUEVO MARCO LABORAL EN 2022. El Gobierno pretende aprobar un nuevo marco laboral este mismo año para que esté en vigor en 2022, con el objetivo de que la "intensa" creación de empleo asociada a la recuperación económica sea de calidad y "no arrastre la patología de décadas".
La vicepresidenta de Asuntos Económicos ha presentado este miércoles a los medios de comunicación algunos detalles del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas y que espera que el consejo de ministros de economía y finanzas de la Unión Europea (Ecofin) apruebe a finales de junio.
Entre las reformas incluidas en el documento figuran cambios en el mercado laboral, algunos de ellos a corto plazo, como la extensión de los expedientes de regulación temporal de empleo (Erte) para hacer frente a la "fase final" de la pandemia.
Sin embargo, la vicepresidencia ha urgido a buscar un acuerdo ese mismo año que permita iniciar 2022 con un nuevo marco laboral que incluya una simplificación de contratos, una negociación colectiva más moderna, una nueva regulación de las subcontratas o un mecanismo permanente de flexibilidad en línea con los Erte.
"Es importante tener este nuevo marco normativo en pie para acompañar el proceso intenso de creación de empleo que prevemos" para la segunda mitad del año y para 2022, ha señalado, ya que proporcionaría elementos para crear empleo de calidad, con mayor productividad y mejores salarios.
"Estamos hablando de una errata dentro del cuerpo del Plan y en la ficha fiscal lo que se prevé es la creación del grupo de expertos de la reforma fiscal, que evaluará las cuestiones de la AIReF en cuanto a la eficacia de las bonificaciones fiscales que ya existen", reiteró Calviño, tras recordar que este organismo ha cuestionado la tributación conjunta en el IRPF desde el punto de vista de la igualdad de género.
Dicho esto, aseguró que en la propuesta fiscal remitida a Bruselas dentro del Plan de Recuperación "en absoluto" prejuzga la propuesta final del Gobierno, que esperará primero al informe del grupo de expertos, que deben concluirlo en febrero de 2022. Así, negó también que el Plan recoja un aumento del impuesto al diésel.
Calviño admitió que los miembros del Gobierno se quedaron "sorprendidos" cuando se conoció ese aspecto del anexo y reconoció que puede dar lugar "a una mala interpretación", pero volvió a insistir en que el componente de la reforma fiscal es "claro y meridiano"
