El pleno del Congreso convalidó este miércoles el real decreto de medidas organizativas y procesales diseñadas para evitar el colapso de la Justicia, un proyecto que ha recibido numerosas críticas en el hemiciclo y que el Gobierno ha conseguido sacar adelante con el apoyo del PNV y de ERC. Votaron en contra PP, Vox y también Ciudadanos, además de los independentistas de Junts y la CUP.
El decreto, que se tramitará como proyecto de ley para que los grupos puedan incluir enmiendas —como han reclamado los republicanos catalanes—, recibió así 178 votos a favor, 161 en contra y 10 abstenciones.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, destacó que las medidas han sido consensuadas con todos los consejeros del ramo, también con los del PP y Ciudadanos, y pidió sin éxito su apoyo a esos partidos. Ambas formaciones dijeron no entre advertencias generalizadas de que ninguna medida será eficaz si no hay inversiones y se refuerzan los juzgados.
ERC, socio de JxCat en el Gobierno catalán y con Ester Capella al frente del departamento autonómico de Justicia, optó sin embargo por el sí. Cree que el decreto "se queda corto", pero confía en poder enmendarlo y que el mes de agosto, cuya habilitación ha suscitado críticas casi unánimes, quede reservado solo para vistas urgentes.
"Quizás alguien pueda pensar que el decreto no es lo mejor, pero su no convalidación es peor", dijo, por su parte, el portavoz del PNV, Mikel Legarda, para explicar su apoyo.
La oposición advierte de que las medidas planteadas no servirán de nada sin nuevas inversiones y el refuerzo de los juzgados
Además de habilitar del 11 al 31 de agosto y posibilitar turnos de tarde en los juzgados, la norma apuesta por las vistas telemáticas y agiliza los conflictos de familia y los procesos relativos a expedientes de regulación de empleo y quiebras empresariales. Prioriza los asuntos que tengan que ver con la protección de menores, moratorias de hipotecas o contratos de alquiler, recursos contra la administración por la denegación de ayudas o despidos.
El ministro de Justicia advirtió del alud de casos que llegarán a los juzgados como consecuencia de la crisis económica tras la pandemia y estimó que los concursos de acreedores presentados aumentarán un 246% este año y un 619% en 2021. "De los 7.000 concursos presentados en 2019, alcanzaríamos unos 50.0000 el próximo año", alertó en el pleno, en el que llamó a la "responsabilidad colectiva" para sacar adelante el decreto.
Los asuntos ingresados en la jurisdicción social aumentarán este año un 31%, y hasta un 140% en 2021, más de un millón de nuevos asuntos. En el ámbito civil se espera un incremento de entre el 30 y el 145% este año, y en lo contencioso, de entre el 35 y el 125%.
"Si bien puede ser tentador jugar a las escaramuzas y tratar de hacerle perder una votación al gobierno, les pido que no lo hagan a costa del servicio público de justicia", dijo Campo, quien denunció la actitud de quienes buscan instrumentalizar el debate para "desgastar" al Ejecutivo y mejorar expectativas electorales.
El ministro advierte de que con la crisis económica llegarán a los juzgados un alud de casos
Pero su discurso no hizo mella en el PP, que criticó "la catarata de normas" de las últimas semanas, que "generan un puzzle normativo jamás visto", y, aunque admitió haber estado de acuerdo con el ministro "en líneas generales" en un principio, indicó que lo que finalmente presentó "fue más allá".
Para Vox, algunas medidas "rozan perfiles de inconstitucionalidad y de violación de derechos fundamentales", mientras que Ciudadanos, especialmente crítico con la habilitación de agosto por el perjuicio para los pequeños despachos de abogados, lo ve "puramente publicitario e ineficaz". También JxCat cree que es un "brindis al sol", "puro marketing político que no soluciona nada".
En la abstención se han situado tanto el BNG como Compromís, formaciones que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, y Bildu, que opina que el fomento de las vistas telemáticas, "sin formación ni cultura digital, es una huida hacia delante". El Partido Regionalista de Cantabria apoyó el decreto.
Desde Unidas Podemos, Enrique Santiago reconoció que puede haber cuestiones "mejorables", pero garantizó que se intentarán recoger todas las preocupaciones de la oposición, de los operadores jurídicos y de los sindicatos.
