El hombre que mató a sus hijas en Almería usó un pesticida para envenenarlas

El asesinato se produjo cuando éste disfrutaba de un régimen de visitas, a pesar de que tenía una orden de alejamiento por violencia de género
El pueblo de Abla ha guardado un minuto de silencio en memoria de las dos menos asesinadas. EUROPA PRESS
photo_camera El pueblo de Abla ha guardado un minuto de silencio en memoria de las dos menos asesinadas. EUROPA PRESS

El informe preliminar de autopsia practicado al padre y a las dos niñas de dos y cuatro años encontradas sin vida en un cortijo de Alboloduy (Almería) confirma que la muerte se debió a una "intoxicación por pesticida", según ha informado este martes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La muerte de las dos menores se produjo aproximadamente a las 9:30 horas de la mañana del domingo, mientras que la del padre tuvo lugar poco antes de las doce de la noche, ha detallado el TSJA.

Cuando la comisión judicial y los servicios de emergencia sanitarios acudieron al lugar de los hechos, el padre aún se encontraba con vida, pero falleció al poco tiempo.

La causa permanece de momento en manos en el Juzgado de Instrucción 6 de Almería, que es el que se encontraba de guardia y el que llevó a cabo el levantamiento de los cadáveres, pero se inhibirá posteriormente al Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Almería.

El hombre, con un juicio pendiente por malos tratos y amenazas a su expareja -de la que tenía una orden de alejamiento-, asesinó a las hijas de ambos aprovechando un régimen de visitas y posteriormente se suicidó.

El suceso, que la Guardia Civil investiga como un caso de violencia vicaria como principal hipótesis, tuvo lugar en un cortijo aislado de la pedanía de Las Alcubillas.

Se conoció después de que Alina, la madre de las menores, de 23 años y origen rumano, se extrañara de que sus hijas no habían regresado a tiempo hasta Abla, donde residían desde hacía unos dos años.

Una vez alertado sobre las 22:30 horas el puesto de la Guardia Civil de Gérgal, municipio que comparte territorio con el diseminado de Alboloduy donde ocurrieron los hechos, los agentes encontraron a las niñas y su padre en un cortijo apartado y ubicado junto a una finca agrícola con un vehículo en la entrada.

El instituto armado, indicaron a EFE fuentes próximas a la investigación, ha sostenido desde el principio como hipótesis más probable que el hombre envenenó a sus hijas con alguna sustancia, tal y como ha confirmado la autopsia.

Según informó el TSJA, el presunto asesino, de 35 años y también de origen rumano, tenía un régimen de visitas de las menores reconocido judicialmente los sábados y domingos entre las 12:00 y las 18:00 horas y una orden de alejamiento por maltrato para evitar el contacto con su expareja y madre de las niñas.

Tras estos asesinatos, los ayuntamientos de Alboloduy y Abla han decretado tres días de luto oficial.

Igualdad confirma el caso como violencia vicaria 

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este martes el asesinato de las dos niñas en un cortijo de Alboloduy (Almería) como un caso de violencia vicaria. 

Con estos datos, el número de menores de edad asesinados por violencia de género asciende a cuatro en 2024 y a 54 desde 2013, cuando se empezaron a contabilizar estos casos, según ha informado el Ministerio en un comunicado. 

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, han expresado su "más absoluta condena y rechazo" ante estos asesinatos machistas y traslado su apoyo a los familiares y amigos de las víctimas.

Visitas a menores en casos de violencia machista: o se suspenden o deben ser supervisadas

El asesinato de estas dos niñas a manos de su padre se produjo cuando éste disfrutaba de un régimen de visitas, a pesar de que tenía una orden de alejamiento por violencia de género, una medida que debería haber impedido que viera a las niñas o, de hacerlo, que fuera con supervisión constante.

Así lo señala a EFE la vocal de la Asociación Mujeres Juristas Themis Cristina Ventura, quien reconoce que en este crimen lo primero que se tendría que haber hecho es suspender el régimen de visitas que tenía el padre de las menores.

En 2021, la ley de protección a la infancia estableció que un presunto maltratador con orden de alejamiento no puede ver a sus hijos; sin embargo, en este caso, el presunto asesino tenía un régimen de visitas reconocido judicialmente los sábados y domingos entre las 12:00 y las 18:00 horas.

Para ello, la madre debía trasladar a las menores al Punto de Encuentro Familiar, aunque ella misma solicitó en varias ocasiones que la entrega se hiciera sin la intervención del mismo. La última de las peticiones en este sentido se realizó el pasado 4 de octubre

Por petición de los responsables del Punto de Encuentro, con el visto bueno de la Fiscalía y tras reiteradas peticiones de la madre de las menores, el Juzgado acordó en un auto -de fecha 9 de noviembre de 2023- que ya no interviniera el Punto de Encuentro en las entregas acordadas.

Visitas en puntos de encuentro y siempre supervisadas

"Cuando no se suspende el régimen de visitas, lo que interesamos siempre es que éstas se hagan bajo supervisión en el punto de encuentro y que no solamente sirva para la entrega y recogida de los menores, sino que el maltratador no saque de allí a los menores", explica Ventura.

Sin embargo, reconoce que éstos centros están saturados, con pocos medios y, en casos como el de las niñas de Alboloduy, están lejos de las zonas rurales con lo que a las madres les supone un gran esfuerzo desplazarse hasta estos lugares para llevar a sus hijos.

En este punto coincide el exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género y médico forense, Miguel Lorente, que lamenta que muchas veces el sistema establece puntos de encuentro familiar en sitios "totalmente inasumibles" para las víctimas.

"No debería existir régimen de visitas, pero ya que se lo das, se debe hacer de manera que se lo facilites a la víctima, no que le genere una mayor vulnerabilidad", lamenta Lorente, que denuncia que la madre de las niñas debía desplazarse durante 40 minutos desde el pueblo hasta la capital, y esperar durante horas para luego recogerlas y volver a su casa.

Lorente critica que en una situación de violencia tan grave como la que requiere una orden de alejamiento controlada a través de un dispositivo telemático, se permitiera anular el régimen de visitas en el punto de encuentro y se facilitara la interacción de víctima y maltratador.

¿Es asumible que un mutuo acuerdo condicione la seguridad de los menores? 

Por su parte, la directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, subraya que la responsabilidad de proteger a los niños y niñas es de la sociedad y del Estado y cree que es el momento de que tanto el legislador como el propio Poder Judicial se pregunten si es asumible que un mutuo acuerdo entre las partes condicione la seguridad de los menores.

"El tema es si el mutuo acuerdo debería estar descartado de los supuestos de violencia contra las mujeres", indica Soleto, que advierte de la presión que sufren las víctimas de violencia de género.

Desde el principio, el movimiento feminista ha defendido que un maltratador no es un buen padre y que no se protege adecuadamente a las madres si no se protege a los hijos e hijas. 

"Parece que cada vez que intentamos una nueva reforma, el procedimiento judicial encuentra formas de no aplicar esa máxima de que los niños son víctimas directas de la violencia machista y tienen derecho a las mismas medidas de protección que sus madres", ha lamentado.

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