Los tres últimos ex altos cargos de la Junta de Andalucía cuyo plazo para ingresar en prisión finalizaba este lunes, condenados por el caso de los Ere fraudulentos, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez y el ex director general de IFA-IDEA Miguel Ángel Serrano, han ingresado poco después de las 18.00 horas en la prisión Sevilla I, acompañados por una decena de familiares.
Los tres han llegado a la prisión sevillana dos minutos antes de las 18.00 horas, acompañados por familiares y amigos en cuatro vehículos en total, que les han acompañado hasta un aparcamiento lateral de la prisión, donde se han despedido de ellos.
Con semblante serio y sin hacer declaraciones, y visiblemente emocionado sobre todo Vallejo, que se ha puesto unas gafas de sol a pesar de haber caído ya la tarde, han recorrido en solitario los aproximadamente 30 metros que les separaban de los vehículos para entrar en la oficina de ingreso a la prisión, tras subir una pequeña rampa, con una bolsa de mano cada uno de ellos como único equipaje.
La entrada, a las 18.01, ha coincidido con la hora de visitas de la prisión y la de regreso de los reclusos que han estado de permiso durante las fiestas navideñas, de modo que la escena, junto a la presencia de medios de comunicación, ha levantado cierta expectación en el aparcamiento de la cárcel.
Ahora deberán estar unos días en el módulo de ingresos de la prisión sevillana y tras ser sometidos a entrevistas de los departamentos de psicología y servicios sociales, entre otros, se les asignará el departamento definitivo donde cumplirán sus respectivas condenas.
Francisco Vallejo, exconsejero de Innovación, está condenado a siete años y un día y a 18 años de inhabilitación por prevaricación y malversación.
Jesús María Rodríguez, que fue viceconsejero de Innovación, está condenado a seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación por prevaricación y malversación, y Miguel Ángel Serrano, ex director general de IDEA (la empresa pública que concedía el dinero público), a seis años y seis meses de prisión y 17 de inhabilitación por prevaricación y malversación.
