Los abogados del rey emérito presentaron este martes a la Corte de Apelaciones de Inglaterra y Gales, en Londres, los argumentos por los que consideran que debe revocarse la decisión inicial del juez Mathew Nicklin de no reconocer inmunidad ninguna a Juan Carlos I por el presunto acoso denunciado por su examiga íntima Corinna Larsen, poniendo el foco precisamente en que, si según ella el CNI participó en los hechos por orden del entonces monarca, serían "actos soberanos" e inmunes.
Durante la vista oral, que se prolongó durante unas cinco horas, el tribunal analizó la apelación formulada por los abogados del exjefe de Estado para revertir la decisión adoptada el 24 de marzo por el juez Nicklin, el cual determinó que Juan Carlos no puede alegar ninguna inmunidad para evitar las reclamaciones civiles de Larsen.
Como paso previo, el 18 de julio los magistrados británicos autorizaron al rey emérito a recurrir la decisión de Nicklin, pero solo respecto a los hechos transcurridos entre 2012 y 2014, por lo que la vista de este martes se centró en ese lapso, a pesar de que la demanda de Larsen dibuja un horizonte temporal que llega hasta 2020: primero la habría presionado para retomar la relación y después habría intentado perjudicarla en sus negocios como venganza.
El representante legal de Larsen incidió en que el antiguo monarca solo estaría protegido por la inmunidad en el caso de que el CNI hubiera actuado movido por un interés "oficial", esto es, del Estado español, si bien en este caso argumentó que lo hizo por un mero interés personal, el del rey emérito.
A su juicio, la cuestión que debe resolver la Corte de Apelaciones es si, aunque en ese momento Juan Carlos fuera jefe de Estado y pudiera activar al CNI haciendo uso de sus "facultades públicas", realmente lo hizo en su vertiente oficial o a "título privado".
