La jueza que investiga al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid por la autorización de la manifestación del 8-M ha pedido de nuevo información sobre cuándo recibió las primeras comunicaciones sanitarias del coronavirus después de que desde la institución se afirmara que no tuvo notificación antes del estado de alarma.
En una providencia, la titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid también pide que se le remitan las recomendaciones, instrucciones u órdenes en relación con el coronavirus que el delegado, José Manuel Franco, ha dado en el ejercicio de sus funciones desde el 1 de febrero hasta el 14 de marzo de 2020, día en que se decretó el estado de alarma.
En concreto, la magistrada se dirige una vez más al secretario general de la Delegación del Gobierno en Madrid después de que éste le haya contestado que "no consta recepción de comunicaciones sanitarias con anterioridad al día 14 de marzo de 2020", según informa el Tribunal Superior de Justicia.
Tras recibir dicha respuesta, la titular del juzgado solicita al secretario general que antes del 30 de abril aporte "la primera comunicación, indicación, alerta o noticia que se recibiera por escrito" en la delegación en relación con el coronavirus. De no existir ninguna antes del 14 de marzo, pide que el secretario general ratifique que la primera noticia se recibió con la publicación del real decreto que introducía el estado de alarma.
El magistrado centra ahora la investigación en la supuesta comisión de un delito de prevaricación, tras retirar el de lesiones imprudentes
La magistrada también quiere saber si la Delegación del Gobierno recibió las medidas de precaución relacionadas con el brote del virus en la Comunidad de Madrid, emitidas el 5 de marzo por la Consejería de Sanidad, y en qué fecha.
En virtud de la providencia de la jueza, el secretario general de la Delegación debe informar igualmente de cuándo se recibieron las dos resoluciones de la Dirección General de Salud Pública de esa comunidad, dictadas el 6 de marzo, en las que se adoptaban diferentes medidas en materia de salud pública en relación, por ejemplo, a los centros de mayores o las actividades formativas de los centros sanitarios.
Estas resoluciones, indica la magistrada, fueron publicadas en el boletín oficial de la región y en ellas se explicitaba que se debían poner en conocimiento de la Delegación del Gobierno, por lo que la jueza, de nuevo, solicita a este organismo que ratifique si se recibieron después del 14 de marzo.
Se trata de toda una batería de solicitudes de información cursada por la magistrada después de que recientemente decidiese acotar la investigación a José Manuel Franco por un delito de prevaricación, retirando el de lesiones imprudentes.
