Jordi Sànchez (JxCat), candidato a presidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, exvicepresidente catalán, y Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, han cargado este lunes contra el juez del Supremo Pablo Llarena por lo que consideran que es una "causa política" que criminaliza un "movimiento ciudadano pacífico".
Los tres líderes independentistas catalanes, todos en prisión preventiva, han comparecido ante el Supremo para conocer su procesamiento por delitos de rebelión y malversación de caudales públicos dentro del sumario abierto por el "procés" en el alto tribunal.
En este trámite, han optado por hacer escasas alegaciones a los detalles que recoge el auto de procesamiento más allá de negar la violencia, como han hecho en anteriores declaraciones ante el juez.
Y en su lugar han optado por exponer un alegato contra lo que consideran una "causa política" motivada por "criterios puramente ideológicos" y que "criminaliza a un movimiento ciudadano pacífico" solo por sus ideas independentistas.
De hecho han sido sus críticas al instructor Pablo Llarena las que han protagonizado sus intervenciones al acusarle de "falta de objetividad" y de "vulneración de derechos fundamentales", en algunos casos con un tono seco, duro y mirándole a los ojos, según han informado fuentes jurídicas presentes en las indagatorias.
Ese ha sido el caso de Sànchez, quien tras acusar al juez de vulnerar sus derechos políticos después de que le negara nuevamente acudir al pleno de investidura -que tuvo que ser suspendido el pasado viernes- le ha dicho que no es "imparcial" al investigar estos hechos, porque se sitúa como "víctima".
Se trata de una afirmación que fuentes de su entorno han sustentado remitiéndose al auto de procesamiento, en el que el juez utiliza la primera persona del plural para referirse a la "estrategia que sufrimos".
Para Sànchez, que ha declarado durante una hora y quince minutos, su situación procesal es "injusta" ya que a su juicio el Supremo "no tiene competencias" para llevar el caso y, además, tiene la "sensación" de que los resultados de las elecciones del 21D en Cataluña han hecho "evolucionar" los argumentos del juez.
Además, se ha preguntado cómo se le puede acusar a él y a Cuixart, de haber incitado a la violencia y ha alegado que en Cataluña la gente no funciona según los parámetros de otros territorios: "Cataluña no es Corea del Norte", ha afirmado ante el juez, según las fuentes consultadas.
Igualmente, Junqueras ha defendido que nunca ha promovido ni asumido ninguna actuación violenta para lograr sus fines políticos, que era perfectamente consciente de que el referéndum no constituía ningún delito y que jamás se destinó un solo céntimo de dinero público al "procés", según fuentes jurídicas y de ERC.
Como Sànchez, el exvicepresidente, que ha declarado unos 40 minutos, ha cargado contra el Supremo al asegurar que está encarcelado por un tribunal que no tiene competencia para conocer del proceso en una vista en que se vulneraron todos sus derechos.
Y ha afirmado que el procedimiento judicial lo que pretende anular es el movimiento político que representa y cercenar sus derechos políticos y los de quienes le votaron.
Esta ha sido la línea que ha defendido Jordi Cuixart, quien en apenas 15 minutos ha reiterado como han hecho los otros dos procesados la vulneración de derechos por parte del juez.
Dentro del tono político que ha marcado las declaraciones indagatorias de hoy, todos ellos han querido dejar claro que el conflicto en Cataluña es político y que por tanto se tiene que solucionar desde este ámbito y nunca judicializarlo, al tiempo que ha insistido en que Cataluña tiene derecho a la autodeterminación y que defender la independencia y promoverla es plenamente legal.
Mañana continuaran las vistas indagatorias, esta vez con los exconsellers Joaquim Forn (Interior); Raül Romeva (Exteriores) y Josep Rull (Territorio).
Este es el principal argumento que ha esgrimido en su recurso contra el auto de procesamiento por dos delitos de sedición y organización criminal que le ha notificado este lunes personalmente la juez Carmen Lamela, junto a los que fueran sus jefes políticos, el exdirector del cuerpo Pere Soler y el exsecretario de Interior César Puig —segundo del exconseller Joaquim Forn—.
Los primeros en acudir a su cita en la Audiencia Nacional han sido Puig y Soler y en torno a las 8.45 horas, 15 minutos después de la hora a la que le había citado la juez, ha llegado Trapero, vestido con traje y corbata oscura, gesto serio y sin su característica barba.
Trapero asegura en su recurso contra el procesamiento, al que ha tenido acceso Efe, que se desmarcó ante el Govern del 1-O, que se puso a disposición del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y de la Fiscalía para cumplir sus "órdenes" tras la aprobación de la declaración unilateral de independencia (DUI) y que les comunicó que los Mossos seguirían "garantizando la seguridad ciudadana y el orden público en Cataluña".
Alega que la cúpula de los Mossos trasladó en dos reuniones a Puigdemont, al exvicepresident Oriol Junqueras y a Joaquim Forn, "la preocupación común" del Cuerpo por la seguridad ciudadana si se mantenía la celebración del 1-O, y que se les hizo saber que "no se compartía desde el cuerpo policial el proyecto independentista" y que existía una "firme voluntad y decisión" de respetar los mandatos judiciales.
