El pleno de la Audiencia Nacional estudiará el próximo viernes dos cuestiones consecuencia de la reforma de la justicia universal: si debe continuar abierto el caso Couso y si tiene que excarcelar a cinco narcotraficantes extranjeros apresados en buques fuera de las aguas territoriales.
Los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia reunidos en pleno deliberarán un día más acerca de si el caso Couso, sobre la muerte del cámara gallego José Couso en Irak en 2003, lo debe seguir investigando el juez Santiago Pedraz o si debe ser remitido a la Sala para que sea este órgano el que resuelva al respecto.
La decisión que adopte el pleno en relación a esta causa es de trascendencia porque determinará si sobre la reforma de la ley de justicia universal prevalece, tal y como sostiene Pedraz, el convenio de Ginebra como tratado internacional de obligado cumplimiento.
Los magistrados tienen sobre la mesa el recurso de queja de la Fiscalía contra la decisión de Pedraz de seguir instruyendo este caso tras la entrada en vigor de la reforma, al considerar que sobre esa norma, que obliga a archivar este tipo de causas de forma retroactiva, prevalece la Convención de Ginebra, que obliga a perseguir los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, entre ellos los periodistas.
A juicio de la Fiscalía, es el pleno y no el juez el que debe decidir si cabe archivar la causa tal y como propugna la disposición transitoria de la reforma o si cabe recurso de inconstitucionalidad a la misma, por lo que subraya "la manifiesta y palmaria falta de competencia funcional del instructor" para decidir al respecto.
El pleno también tratará la excarcelación de cinco presuntos narcotraficantes -un coreano y cuatro brasileños- que iban a ser juzgados el 5 de junio y que fueron detenidos en marzo de 2013 en un buque fuera de las aguas territoriales españolas con 1,7 toneladas de cocaína valorada en 60 millones.
La Sala ya ha avalado la liberación de 47 narcotraficantes extranjeros apresados en barcos fuera del territorio nacional, aunque en el resto de los casos la droga encontrada en los buques había sido siempre hachís.
La reforma de la justicia universal aprobada por el Congreso gracias a los votos del PP y que entró en vigor el pasado 15 de marzo ha provocado la excarcelación de estos narcos porque, de acuerdo a la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, los tribunales españoles solo serían competentes para juzgarlos en caso de que los detenidos sean nacionales o la droga tenga como destino España.
Fiscales y jueces de la Audiencia Nacional, así como la ONU, han criticado esta reforma, que podría provocar el cierre de numerosos casos abiertos en este tribunal en virtud a este principio.
