El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha ordenado la detención de 40 militares de Ruanda por los delitos de genocidio y terrorismo. Les acusa de la muerte de cuatro millones de ruandeses en los años noventa y del asesinato de nueve españoles, seis misioneros y tres civiles.
El juez no ha podido procesar al actual presidente del país africano, Paul Kagame, porque como jefe de Estado goza de inmunidad, pero según el auto judicial existen "sólidos indicios" de su implicación en estos delitos de lesa humanidad.
Uno de los testigos protegidos, que fue uno de los responsables de la seguridad personal de Kagame, le implicó directamente en el ametrallamiento de unos 40 civiles y le acusó de dar la orden de matar a tres obispos y varios sacerdotes, diciendo concretamente "ya te he dicho que eliminaras a esas basuras".
El responsable del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha cursado estas órdenes de detención internacional después de acusarles de tomar el poder por la fuerza e instaurar un régimen de "terror" en el país, "realizando horrendos crímenes" contra la población civil, la mayoría refugiados y población congolesa.
La estrategia de exterminio, según Andreu, culminó "bajo el pretexto de razones de seguridad, con la invasión y conquista" del Congo donde se refugiaron miles de tutsis que huían de las masacres.
Muerte de nueve cooperantes españoles
Entre estos crímenes, el juez de la Audiencia responsabiliza a los acusados del asesinato de seis religiosos españoles y de tres cooperantes de Médicos del Mundo, unas muertes que sucedieron entre 1994 y 2000 en los campos de refugiados donde trabajaban.
Responsables del Foro internacional para la Verdad y la Justicia en el Africa de los Grandes Lagos habían presentado una querella criminal ante la Audiencia Nacional contra más de una treintena de cargos del Gobierno de Ruanda a fin de esclarecer el asesinato de ewstos nueve ciudadanos españoles.
De los testimonios aportados al juez por los 22 testigos se deduce que para asesinar a personas de raza blanca era necesaria una orden de la cúpula militar. Así ocurrió con los cooperantes españoles, cuya muerte se decidió en una reunión de este tipo, de acuerdo con lo que declaró un asistente a esa cita.
Campos de refugiados en Zaire
En el auto del magistrado se relata también el papel que desempeñó ACNUR en este dramático episodio al poner en marcha un programa de repatriación "forzosa" a partir de 1996 en los campos de refugiados del Zaire -hoy República Democrática del Congo-, país vecino de Ruanda donde más de un millón de tutsis se encontraban desplazados.
Este programa incentivaba con el pago de 10 dólares por cada tutsi entregado, lo que originó "una auténtica caza" del refugiado. A los que se negaban a regresar a su país, ACNUR les amenazaba con volver al día siguiente con los soldados y muchos "preferían suicidarse antes que volver al terror de Ruanda".
Andreu destaca la visita realizada por la Alta Comisaria de ACNUR, Sadako Ogata, en febrero de 1997 al campo de Tingi-Tingi, donde únicamente ofreció socorro humanitario para los que estuvieran dispuestos a volver a su país.
Genocidio de Ruanda
El genocidio de Ruanda se inicia en abril de 1994 tras el asesinato del general Juvenal Habyarimana, presidente ruandés de la etnia hutu. Su muerte desencadenó una masacre en el país contra los etnia tutsis, etnia minoritaria en Ruanda. Las matanzas conllevaron un desplazamiento masivo de personas hacia campos de refugiados situados en la frontera con los países vecinos, en especial el Zaire (hoy República Democrática del Congo).
En los tres meses que duraron las matanzas más de 800.000 personas fueron asesinadas y casi cada una de las mujeres que sobrevivieron al genocidio fueron violadas. Muchos de los 5.000 niños nacidos fruto de esas violaciones fueron asesinados.
Los tutsis fueron masacrados: se eliminó al 75% de la etnia durante el genocidio. Además, también murieron muchos hutus moderados, que no eran partidarios de las matanzas.
En los campos de refugiados, la enfermedad y más asesinatos acaban con la vida de otros miles de personas, por lo que la cifra de muertos es imposible de determinar, aunque se habla de cuatro millones de personas fallecidas o desaparecidas. En cualquier caso, el genocidio le costó la vida al menos al 11% de la población de Ruanda, y a la gran mayoría de los tutsis que vivían en el país.
Para juzgar los crímenes del Genocidio las Naciones Unidas crearon en noviembre de 1994 el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Al mismo tiempo y en los años siguientes, los tribunales ruandeses iniciaron cientos de procesos judiciales. Hasta ahora han sido condenadas unas 700 personas por su implicación en el genocidio.
