El juez Pablo Ruz envió una comisión judicial a la sede del PP en Génova, que ha recabado durante 14 horas información sobre la reforma de este edificio y relacionada con el caso Bárcenas, al considerar que hay indicios de que el partido pudo idear una "facturación oficial ficticia" para esas obras.
El secretario judicial y dos agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han pasado toda la noche en la sede de Génova 13 escaneando documentos sobre las obras que allí realizó la empresa Unifica entre 2005 y 2011 y que, según sospechan los investigadores, se pudieron pagar en parte con dinero negro.
Ante la entrada de la comisión judicial en la sede nacional del PP, el presidente del partido y del Gobierno, Mariano Rajoy, ha expresado su total respeto a la decisión del juez y ha asegurado que los integrantes de su partido están "tranquilos".
La comisión judicial comenzó a recabar información ayer sobre las ocho de la tarde y, hasta la diez de esta mañana, no ha acabado su labor, que se ha desarrollado en todo momento con la presencia de la tesorera del partido, Carmen Navarro, y el abogado Alberto Durán.
En su auto ordenando requerir la información, el juez Ruz establecía que si el PP no accedía a entregar los documentos se acordaría la entrada y registro en la sede, cosa que no ocurrió porque los empleados del partido ofrecieron su colaboración a los agentes.
Ruz justifica la entrada en el PP en que este partido no le ha aportado todos los documentos que tiene sobre la reforma de la sede hecha por Unifica, empresa del arquitecto Gonzalo Urquijo, quien aparece en los papeles del extesorero del partido Luis Bárcenas como receptor de dinero en metálico por valor 888.000 euros.
Basa estas afirmaciones en que, en contestación a un requerimiento que le hizo, el PP le mandó una serie de documentos de la reforma en agosto, pero añade que hace una semana entregó doce recibís y facturas a la Fiscalía Anticorrupción que no había dado al juez y que podrían tener "relevancia para la instrucción".
En su auto, Ruz no solo ordena recabar los documentos sobre la reforma de la sede, sino también "cualesquiera otros elementos que pudieran estar relacionados con los apuntes contables" de Bárcenas que reflejarían una supuesta caja B en el partido.
Otro de los argumentos dados por el juez para ordenar la entrada en Génova es que las últimas investigaciones apuntan a que el partido y Unifica "generaron" documentos para certificar y facturar las obras con el objetivo de "dar cobertura a una facturación oficial ficticia".
En el auto, el magistrado aprecia indicios de que la tesorería y la gerencia del partido y la empresa emprendieron "una acción coordinada" durante el periodo investigado para "generar" documentos con el objetivo de certificar y facturar algunas de estas obras.
Todo ello, según Ruz, para "dar cobertura a una facturación oficial ficticia que sería liquidada con fondos existentes en el sistema económico vía cheque contra prestación de factura", pero también, destaca, hay indicios de que el resto de los trabajos se abonaron con "fondos ajenos que pudieren guardar correspondencia con las anotaciones contables reflejadas de los denominados papeles de Bárcenas".
El magistrado recuerda que en este caso se investigan delitos contra la Administración Pública como cohecho y tráfico de influencias y, en cuanto a Unifica, delitos fiscales que implicarían a Urquijo como autor y a los extesoreros y exgerentes del partido Luis Bárcenas, Cristóbal Páez y Álvaro Lapuerta como cooperadores.
Las reacciones a la decisión de Ruz no se han hecho esperar y, además de Rajoy, también ha hablado la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, quien ha tildado la entrada en la sede de "una muy mala noticia para el PP, para el Gobierno y para España" y ha pedido a este partido que diga la verdad "de una vez por todas" sobre esta trama "amplísima" de corrupción y financiación irregular.
Izquierda Unida ha expresado su respaldo a la decisión del juez porque considera que va a ser "sumamente útil" para la instrucción y la portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha registrado por su parte en el Congreso una pregunta al Gobierno para su respuesta por escrito, en la que cuestiona la colaboración del PP con la justicia.
