La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha mostrado a favor de proceder a la venta por 7,06 millones a una inmobiliaria de un chalet en Calviá (Palma de Mallorca), que fue propiedad del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, porque así se aseguraría "una cantidad líquida a los acreedores".
En un escrito, el fiscal Daniel Campos considera que la oferta que efectuó Bijansur Inmobiliaria por la vivienda, situada en una finca de 1.248 metros cuadrados, es la más alta de las tres presentadas y concreta "claramente los gastos que dicha operación llevaba parejos".
Según el Ministerio Público, la efectuada por la Administración Concursal de Díaz Ferrán, que alegó en un recurso que ella dispone de una oferta mayor, "adolece de ciertas incógnitas en cuanto que no especifica qué gastos o comisiones habría que deducir en su caso del precio ofrecido (6,5 millones)".
"Efectivamente, la oferta de Asset Inmobilien GMBH & CO se limita a señalar que cualquier impuesto, gasto, honorario, comisión o concepto adicional que pudiera gravar la operación deberá ser adicionalmente asumido por la parte a quien corresponda", explica el escrito.
Para el fiscal, la existencia de "ciertas comisiones y gastos" como los relativos a la legalización de la vivienda, pueden rebajar el "importe líquido de la venta y, en consecuencia, el efectivo a ingresar a disposición del Juzgado", lo que, en su opinión, conlleva una "serie de incertidumbres que permiten considerar más adecuada la propuesta formulada por la propiedad de la finca".
Así, pide al magistrado, que paralizó la venta hasta resolver el recurso de la administración concursal, que desestime éste porque la venta "anticipada permitirá asegurar una cantidad líquida a los acreedores" en caso de una condena que estableciera que los activos deben integrarse a la masa del concurso.
"La negativa a la venta solicitada podría suponer que se ejecutaran las cargas que pesan sobre la finca", en cuyo caso resulta "fácilmente previsible" que las cantidades que se puedan recuperar sean inferiores, concluye.
El chalet de Calvià perteneció a Díaz Ferrán hasta que salió de su esfera a través de una operación en la que participó la sociedad Quatre Bras.
Dicha compañía, según la investigación del magistrado de la Audiencia Nacional, que ordenó el ingreso en prisión preventiva de Díaz Ferrán en diciembre de 2012, había al parecer colocado en noviembre de 2011 la finca a la empresa Implantación de Proyectos, del hermano del exdueño de Marsans.
Así, sospecha que ésta fue otra de las operaciones que efectuó el exempresario para ocultar sus bienes a sus acreedores con la ayuda del empresario Ángel de Cabo, también en la cárcel, ya que utilizó la misma operativa con dos locales y dos valiosos pisos situados en el Barrio de Salamanca de Madrid, un yate y coches de alta gama.
El pasado diciembre, Velasco dio el primer paso para juzgar a ambos por el vaciamiento patrimonial de Marsans por delitos de pertenencia a organización criminal, insolvencia punible y blanqueo de capitales.
Velasco atribuye los mismos delitos al hijo de Díaz Ferrán, Gerardo Díaz Santamaría; a la "mano derecha" de De Cabo, Iván Losada; su mujer, Consuelo Garrido; su cuñado, Teodoro Garrido y su secretaria, Susana Mora; los supuestos testaferros Antonio García Escribano y Enrique Pardo Manrique; al financiero Carmelo Estélles, y a Rafael Tormo, que ejercía labores administrativas.
