La decisión del Ayuntamiento catalán de Vic de no empadronar a los inmigrantes sin papeles ha desatado la polémica. Desde que el pasado martes hizo públicas sus intenciones, las reacciones han sido diversas y lo que empezó como un problema local ha reabierto el debate sobre la política de inmigración del Gobierno.
La propuesta del tripartito (CiU, ERC y PSC) que gobierna en Vic afectaría directamente a 38.000 inmigrantes, el 24% de los residentes de la ciudad. El alcalde, Josep Maria Vila d'Abadal (CiU), defendió que la medida es necesaria para "salvar la ciudad" y hacer ver a los ciudadanos catalanes que "lo que se hace con los inmigrantes no les perjudica" y que estos "también cumplen la ley". Esta explicación no ha servido para convencer a los múltiples detractores de la propuesta, ni para hacerles olvidar el peso que, con cuatro concejales, tiene en Vic la xenófoba Plataforma per Catalunya (PxC), cuyo líder, Josep Anglada, exigió el cese de los derechos y las ayudas para los inmigrantes alegando que "no aportan nada bueno, sólo más gasto social, delincuencia y economía sumergida".
Disensión política
Entre los pocos que han apoyado abiertamente esta iniciativa está el responsable de Unió Democrática de Catalunya, Josep Antoni Duran, quien aseguró que "ya era hora de que alguien se atreviera a plantarse" ante la inmigración irregular. Duran hizo este comentario como respuesta a las declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que el jueves calificó la propuesta como un "intento aislado de orillar la legalidad". De la Vega insistió en que todo proyecto cívico ha de construirse "desde la integración y el respeto a los derechos humanos, nunca desde la división, la discriminación, la exclusión".
Uno de los principales apoyos de la vicepresidenta vino desde la oposición. El portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro ha asegurado que la propuesta tiene una raíz xenófoba, lo que lo ha convertido en el único miembro de su partido que se ha mostrado crítico con la actitud de Vic. Montoro reforzó su protesta manifestando que "regular legalmente la inmigración desde un ayuntamiento es lo que nos faltaba. Para eso están las Cortes españolas, para eso está el Gobierno".
En el ámbito catalán, la respuesta fue más ambigua. Sólo ICV criticó con dureza la medida y solicitó al Ejecutivo la toma de medidas por decreto que eviten lo que percibe como una ilegalidad. La Generalitat anunció que encargaría un informe independiente sobre el asunto y su secretario de Inmigración, Oriol Amorós, alertó al Ayuntamiento de que no empadronar a sin papeles sólo generaría "desconocimiento" sobre el número real de residentes y, en consecuencia, más "desorden". Por su parte, el presidente de la Diputación de Barcelona, Antoni Fogué, pidió a Vic que "reconsidere" esa decisión y lo advirtió de que tratar la inmigración por intereses electorales podría ser un gran "error político".
Cuestión legal
Fogué también manifestó dudas de que impedir el empadronamiento de los sin papeles sea aceptable dentro del marco legal vigente. La legalidad o no de la propuesta ha sido el tema recurrente de los últimos días, además de uno de los principales argumentos tanto para simpatizantes y opositores. Según Josep Antoni Duran, las medidas del Ayuntamiento de Vic cumplen la ley de extranjería. A su entender, "si la nueva ley de extranjería expresa que para estar legalmente en España se necesita un pasaporte o visado, que si no se tiene se está ilegalmente y que, por lo tanto, procede la expulsión, ¿los ayuntamientos incumplen la ley al exigir lo mismo que la ley de extranjería pide?".
Pese a los argumentos del portavoz de CiU en el Congreso, la opinión general coincide en la que la legalidad de la propuesta es, como mínimo, discutible. El Consejo General de la Abogacía recordó por medio de un comunicado público que no existe ninguna norma que exija al extranjero probar que su residencia en España es regular. También reconoció este hecho el juez Alberto Ruiz-Gallardón, aunque se apresuró a añadir que es ilegal "hoy por hoy". El juez explicó que la situación podría cambiar si el Gobierno acepta su solicitud para que se modifiquen las leyes, introduciendo en ellas baremos que relacionen la superficie de las viviendas con el número de personas que pueden empadronarse en ellas.
Otra que pide reformas, de ínole distinta, es la presidenta del PP catalán, Alícia Sánchez-Camacho, quin solicitó al presidente de la Generalitat, José Montilla, que convoque una "cumbre de partidos para abrir un debate serio sobre la política de inmigración en Cataluña". Según Sánchez-Camacho la situación en Vic es una prueba de que "la ley de extranjería se ha quedado corta" y hace falta una normativa sobre inmigración "unificada" y que "evite diferentes interpretaciones".
Solidaridad
Al margen de los poderes políticos y judiciales, múltiples colectivos se han mostrado contrarios a las intenciones del ayuntamiento catalán. Uno de ellos ha sido el Foro Galego de Inmigración, integrado por más de 80 asociaciones y entidades de toda Galicia. Por medio de un comunicado el colectivo recordó que el empadronamiento es esencial para que los inmigrantes tengan acceso a servicios públicos básicos, como el educativo o el sanitario, así como para tramitar gran parte de la documentación oficial en temas de extranjería.
Desde el Foro entienden que la iniciativa se fundamenta en prejuicios racistas y pretende "despojar de derechos básicos a una parte de los vecinos de una comunidad". Por último, expresaron su temor de que esta actitud se pueda extender por otras zonas de España y transmitieron su apoyo y solidaridad a las personas afectadas en Vic.
