La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Ana Mato, ha dicho hoy que el Gobierno y las Comunidades Autónomas trabajarán juntos para lograr una Ley de Dependencia que sea "viable y sostenible en el tiempo" con independencia de "quién gobierne y de la situación económica".
Lo ha asegurado tras presidir el Consejo Territorial del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), al que han asistido los representantes autonómicos con el propósito de evaluar el desarrollo actual de esta Ley.
Se trata, ha explicado Mato, de analizar el funcionamiento y financiación de la ley y de "establecer criterios comunes y servicios básicos para garantizar los mismos servicios con la misma calidad en toda España". Para ello, se han creado cuatro grupos de trabajo que analizarán los baremos de calificación, la calidad y adecuación de los servicios, los procedimientos y trámites, y los aspectos económicos de la Ley.
El resultado de estos informes, que deberán presentarse en el plazo de un mes, servirán para elaborar un catálogo de "medidas conjuntas" para mejorar el sistema, que se presentará al Parlamento en el plazo de dos meses y formará parte del Pacto Socio-Sanitario que impulsa el Gobierno.
En cuanto a los recortes de financiación, Mato ha subrayado que el Gobierno ya ha hecho un "importante esfuerzo" presupuestario aumentando en un 18 por ciento su contribución para garantizar los mínimos y que ahora es el turno de las Comunidades Autónomas de "apretarse el cinturón" y garantizar que los necesarios recortes "no recaigan en los ciudadanos.
"Espero que las Comunidades Autónomas ahorren en otros gastos y no en dependencia; es una cuestión de prioridades", ha dicho Mato tras subrayar que "quedarse fuera del sistema de dependencia, no se va a quedar nadie, porque el Gobierno ha garantizado los mínimos".
Así, a lo largo de las próximas semanas, los grupos de trabajo analizarán y evaluarán la puesta en marcha del sistema de dependencia y presentarán un informe global de la situación y funcionamiento.
De hecho, según ha explicado Mato, muchos defectos ya han sido detectados por las propias Comunidades Autónomas que han planteado la necesidad de modificar los criterios para "garantizar que el sistema sea sostenible y de la máxima calidad". Así, la entrada en vigor "un poco precipitada" de la Ley ha resultado en un "laberinto normativo" que hay que ordenar; en muchas Comunidades, procedimientos que se pensaba que fuera excepciones, "se han convertido el la norma".
Mato ha destacado el "desfase absoluto" entre las previsiones que se hicieron en el momento de aprobar la ley y la evolución real. Así, en 2007 se calculaba que para 2015 (cuando estaba previsto que el sistema estuviera a pleno funcionamiento) habría 1.173.000 dependientes, pero hoy en día ya suman un millón y medio.
Si en 2007 se calculó que todo el sistema costaría unos 2.200 millones de euros en 2015, hoy en día el coste real es de 4.764 millones de euros.
Preguntada por el recorte de 91 millones de euros en dependencia previsto en los Presupuestos Generales del Estado, Mato ha destacado que se verá compensado con el hecho de que se ha paralizado la incorporación de nuevos niveles de dependientes al sistema y que, de hecho, el nivel mínimo aumenta en un 18 por ciento con respecto al año pasado.
