El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, ha defendido hoy que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) cambie la palabra imputado por otra que tenga un sentido menos negativo.
En su intervención en un encuentro de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) sobre la presunción de inocencia, Juanes ha propuesto que se utilicen los términos sospechoso, denunciado o procesado, que es "la palabra histórica", informa en una nota de prensa la Fundación Fernando Pobo, que patrocina este foro.
Según el presidente de la Audiencia Nacional, el problema radica en el sentido que se le da al sustantivo, que tiene una carga "claramente negativa". "Actualmente cuando un abogado presenta una denuncia o querella bien fundamentada, ya se utiliza el concepto imputado, con el claro estigma social que ello comporta ante la opinión pública", ha señalado.
UN CONCEPTO MEDITADO POR UN PROCESO
Para Juanes, no se debería hablar de imputado hasta que haya una valoración previa por parte de un tribunal, es decir, cuando se den elementos para la imputación, a lo largo del sumario o durante las diligencias previas.
El presidente de la Audiencia Nacional ha resaltado, asimismo, que si se probara que un magistrado de un tribunal se ha dejado influir por un juicio paralelo, "la sentencia que se dictara no sería más o menos discutible, se trataría de un caso claro de prevaricación y, por lo tanto, el proceso quedaría anulado".
Pero Juanes ha incidido en que el problema es que ese hecho actualmente "es difícil de probar", y ha afirmado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos "señala de manera abierta que los juicios paralelos pueden vulnerar los derechos y garantías de un proceso y deja entrever la nulidad". Ha aseverado que, sin embargo, ese tribunal no indica cuándo se da esa situación y qué criterios objetivos determinan que un determinado juicio paralelo "influye en la imparcialidad de un proceso". Y, a su juicio, ése "es el camino que todavía queda por recorrer".
¿LA PRESIÓN DE LOS MEDIOS?
La presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), Carmen del Riego, ha opinado que los jueces no se dejan influir por los periodistas y "resisten a la presión de los medios de comunicación". Ha mencionado la renuncia del expresidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, como paradigma de su afirmación.
La presidenta de la APM ha apuntado que la Justicia no varió su posición en este asunto y dictó en dos ocasiones que la acción cuestionada no era objeto de reproche penal. "La culpabilidad social no tiene que coincidir con la penal, la dimisión es consecuencia del reproche social o ético", ha afirmado Del Riego.
