El Tribunal General de la Unión Europea desestimó hoy el recurso presentado por España contra la decisión de la Comisión Europea de imponer al país una sanción de 38 millones de euros, por irregularidades en el gasto agrícola.
Bruselas exigió a España en 2010 la "corrección financiera" de los costes relacionados con la gestión del envasado de frutas y hortalizas (33 millones de euros) y de las ayudas otorgadas a una organización de productores (5 millones de euros).
España recurrió la decisión ante el Tribunal General, que hoy ha desestimado los argumentos de las autoridades españolas.
Sobre los costes de envasado, el Tribunal considera que España no ha demostrado que fueron asumidos directa o indirectamente por las organizaciones de productores, tal como exige la legislación comunitaria.
En ese contexto, rechaza los argumentos de España de que las organizaciones de productores redujeron el precio facturado a los distribuidores, debido a que estos soportaban la carga de la gestión medioambiental de los envases.
En cuanto a la corrección aplicada a las ayudas a la organización de productores Sat Royal, el Tribunal considera que, para garantizar el funcionamiento democrático de la misma, España debería haber adoptado medidas a efectos de evitar que una persona física controlara más del 20 % de los derechos de voto.
El Tribunal recuerda que, según la normativa europea, toda organización de productores debe contar entre sus miembros con un mínimo de cinco productores y, en principio, ninguno de ellos puede disponer de más del 20 % de los derechos de voto.
España reprochaba a la Comisión haber considerado que una sola persona física controlaba a cuatro de las nueve personas jurídicas miembros de la organización Sat Royal.
Según España, los verdaderos miembros de aquella organización de productores eran únicamente nueve sociedades mercantiles, y cada una de ellas disponía de menos del 20 % de los derechos de voto.
