Las fiscalías activarán protocolos de seguridad ante las excarcelaciones

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha asegurado que todas las fiscalías de España tienen indicación de activar protocolos de conexión con las fuerzas de seguridad del Estado para adoptar medidas de prevención ante las excarcelaciones derivadas de la anulación de la doctrina Parot.

Torres-Dulce ha hecho estas declaraciones en Valencia, donde ha presidido el acto de toma de posesión del cargo del nuevo fiscal superior de la Comunidad Valenciana, Antonio Montabes.

Se trata de una especie de "advertencia" para que los cuerpos de seguridad "valoren" y "supervisen" las situaciones peligrosas, ha explicado.

"Nosotros ponemos en conexión estos datos -excarcelaciones- con todos los que recibimos de centros penitenciarios que valoran las conductas y la posibilidad de reinserción", según Torres-Dulce.

Preguntado por si este protocolo supone una especie de vigilancia, el fiscal general del Estado ha respondido: "No estrictamente".

Ha explicado que la Fiscalía pone en conocimiento y que la decisión de cómo se lleva a cabo le corresponde estrictamente a las fuerzas policiales, según ha precisado.

Preguntado por el caso de Manuel González González, conocido como "el loco del chándal", condenado en 1997 a 169 años de cárcel por atacar a 16 mujeres, a una de las cuales mató, Torres-Dulce ha asegurado "entender" la preocupación y la alarma social que puede suscitar este tipo de excarcelaciones.

Este caso, ha manifestado, "es consecuencia directa del Estado de derecho y de la aplicación rigurosa de una sentencia que provoca estas consecuencias absolutamente inevitables".

Ha recordado que España vive en un Estado de derecho regido por la ley y el respeto a los tribunales nacionales e internacionales, "a los que se ha sometido", y cuyas resoluciones "debemos acatar y cumplir aunque, como en este caso, discrepemos radicalmente", tanto de sus argumentos jurídicos como de sus conclusiones.

Torres-Dulce ha recordado que Barcelona mantiene activado un protocolo que traslada a la policía la puesta en libertad de determinadas personas, siempre desde el estricto respeto a la legalidad y derechos fundamentales, para supervisar posibles conductas.

Este protocolo, ha añadido, esta también activado en el resto de España donde se están produciendo excarcelaciones, "una especie de advertencia a las fuerzas y cuerpos de seguridad para que valoren dichas circunstancias", ha apuntado.

Las funciones de la policía, ha explicado, son de prevención de carácter delictivo y de supervisión de situaciones peligrosas, y las fiscalías ponen en conexión estos datos con todos los que reciben de centros penitenciarios.

Por otra parte, preguntado también si considera la posibilidad de que la Fiscalía actúe de oficio ante el cierre de Radiotelevisión Valenciana, ha respondido que "la Fiscalía actúa de oficio exclusivamente en todos aquellos casos en los que se ha podido cometer un hecho delictivo".

Por ello, ha añadido, "corresponde estrictamente a la Fiscalía de Valencia las actuaciones que estime pertinentes en ese caso o en cualquier otro".

En su intervención durante la toma de posesión de Antonio Montabes, de quien ha destacado su trayectoria "impecable", el fiscal general ha recordado que el Ministerio Público no tiene ninguna dependencia del Ejecutivo y está sometido "solo al imperio de la Constitución y de las leyes".

El Ministerio Fiscal, ha agregado, tiene que exigirse "responsabilidad", es consciente de los "costes sociales" que produce el Estado de derecho, y "no está para suturar heridas sino para impedir que surjan".

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