Los pequeños y medianos astilleros agrupados en Pymar consideran que la cuantificación de las ayudas a devolver supone el primer paso para recuperar la confianza de los inversores en este sector innovador y tecnológicamente avanzado y confían en que esta decisión impulse la contratación de buques.
Después de que el Ministerio de Hacienda enviase ayer un escrito a la UE en el que se cifra en 126 millones de euros de máximo el importe a devolver, Pymar confía en que se logre restablecer la confianza en el sector naval español por parte de las entidades financieras e inversores y puedan ponerse en vigor los nuevos contratos en los que los astilleros llevan meses trabajando mediante el nuevo sistema de financiación de activos.
Además, Pymar ha valorado la rapidez con la que el Gobierno ha logrado identificar y cuantificar el importe máximo sujeto a devolución de las operaciones materializadas al amparo del régimen denominado "tax lease", y que afecta a los inversores que financiaron la construcción de buques entre 2007 y 2011, señala la patronal en un comunicado.
Pymar entiende que los 126 millones de euros que Hacienda ha determinado podrían verse reducidos en función del porcentaje de ayuda que pueda considerarse compatible, para lo que se deberá esperar a que se estudie cada una de las operaciones en detalle
Sin embargo, la patronal considera "injusta y discriminatoria" la decisión de recuperación de estas ayudas adoptada por la Comisión Europea (CE), por lo que mantiene su apoyo firme al Ejecutivo español de cara al recurso que se deberá presentar antes del 28 de septiembre.
En este sentido, el sector naval confía en que Bruselas dé por buena la interpretación realizada por el Gobierno de España.
Asimismo, Pymar subraya que los astilleros españoles, a pesar de este bloqueo durante los últimos dos años, mantienen su potencial innovador y su capacidad exportadora y se encuentran entre los más competitivos del mundo.
Por ello, insiste en la necesidad de que la Administración, los inversores y los demás agentes mantengan su confianza en un sector del que dependen 87.000 familias en España.
Fuentes del Ministerio de Hacienda señalaron ayer que el máximo de 126 millones es una cuantía teórica, basada en una autorización inicial, que ha considerado que todas las estructuras fiscales se han completado.
Según estas fuentes, será necesario analizar, caso por caso, el beneficio fiscal realmente obtenido. Para ello es necesario disponer de datos adicionales sobre la realidad de cada operación, así como sobre su ritmo de ejecución
