El empresario Luis Medina ha puesto a disposición del juzgado que investiga el caso de las mascarillas la herencia de su abuela, la fallecida María Eugenia Fernández de Córdoba, para hacer frente a la fianza de casi 900.000 euros que le impuso el magistrado.
El escrito fue presentado ante el juzgado de instrucción número 47 de Madrid este lunes, antes de que Medina y el otro imputado, Alberto Luceño, declararan ante el magistrado del caso por primera vez, por presuntamente embolsarse una comisión de 6,6 millones en tres contratos con el Ayuntamiento de Madrid para suministrar material sanitario en las primeras semanas de la pandemia.
La defensa del aristócrata, hijo de Naty Abascal y del duque de Feria, expone que para cubrir los 891.427 euros de fianza fijados "ofrece los derechos hereditarios que el señor Medina tiene en la herencia de su difunta abuela Doña Victoria Eugenia Fernández de Córdoba y Fernández de Henestrosa".
Estos derechos están fijados por la sentencia dictada en el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Sevilla, unas diligencias en las que Medina es "heredero y parte demandante y al que el Juzgado Instructor ya ha oficiado", detalla el escrito.
El magistrado Adolfo Carretero dictó un auto el pasado 20 de abril en el que imputó a Medina un delito de alzamiento de bienes y le dio un plazo de tres días para depositar una fianza de casi 900.000 euros. De lo contrario embargaría todos sus bienes, muebles e inmuebles.
El juez se pronunció así tras descubrir que en las cuentas de Medina solo hay 247,26 euros, una cantidad insuficiente para afrontar la responsabilidad civil de los presuntos delitos investigados, que en su caso asciende a 1.216.984,33 euros.
Previamente el juzgado solo pudo embargar a este empresario un velero matriculado en Gibraltar de 325.515 euros.
Durante su declaración de este lunes ante el magistrado, la primera en la fase de instrucción del caso, el juez preguntó a Medina si había presentado un escrito poniendo a disposición del juzgado su herencia y él respondió que si.
En el transcurso de esa declaración el empresario argumentó, al ser preguntado sobre en qué había gastado el dinero que cobró de las comisiones presuntamente ilegales, que hace un año el fiscal de Anticorrupción "no dijo expresamente que tuviera prohibido disponer" de sus bienes, algo que hizo porque no pensó "que hubiera nada irregular", y que nunca intentó "defraudar nada".
Los delitos que se imputan a Medina y Luceño suman penas de hasta 23 años de prisión en su grado máximo
Los delitos que se imputan a Luis Medina y Alberto Luceño por el cobro de 6 millones de euros en comisiones podrían acarrear una suma penas de hasta 23 años de prisión dependiendo de la graduación de la misma, lo que llevó este lunes al juez a ordenar la retirada de pasaporte y la obligación de comparecer cada quince días ante el juzgado.
La adopción de estas medidas cautelares a instancias de las acusaciones populares se dictó al considerar el instructor que existe un riesgo real de una fuga y de destrucción de pruebas, dado que por ejemplo podrían viajar al extranjero y existe el peligro de manipular documentos en poder del empresario malayo proveedor del material.
Tras declarar este lunes los investigados, el juez Carretero dictó sendos autos con similares argumentos, incidiendo en la gravedad de los delitos cometidos "no solo por su trascendencia pública" al ocurrir en el peor momento de la pandemia con miles de fallecimiento diarios y al afectar a fondos públicos, sino por "llevar aparejadas penas de hasta veintitrés años de cárcel", lo que supone la posibilidad de riesgo de fuga.
Esta pena sería una suma de los años de cárcel a imponer a los dos investigados en el caso de que se les aplique en cada uno de los delitos el grado máximo, según han detallado a Europa Press fuentes jurídicas.
Se les acusa de blanqueo, estafa, falsedad documental y alzamiento de bienes
El delito de estafa agravada se imputa, dado que "Alberto Luceño, en connivencia con Luis Medina, ocultó con engaño y ánimo de lucro al Ayuntamiento de Madrid que el precio de las mascarillas se había elevado en un 60% como consecuencia de las comisiones que los investigados habían pactado con la empresa Leno".
El juez les atribuye también un delito de falsedad documental por presuntamente manipular documentos para justificar los elevados ingresos en los bancos.
El delito de blanqueo de capitales lleva a penas de entre seis meses a seis años de prisión a quien "adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, o bien realice cualquier acto para ocultar o encubrir su origen ilícito".
Medina en este caso compró un velero por 325.515 euros y dos bonos de inversión, mientras que su socio destinó el dinero a la compra de coches de lujo, relojes Rolex, una vivienda de lujo y a una estancia en un Hotel de lujo de Marbella. En su declaración de este lunes, señaló que también destinó lo ganado a viajes internacionales.
En cuanto al delito de alzamiento de bienes, que por ahora se imputa solo a Luis Medina, se trata de "un delito socioeconómico que consiste en que el deudor sustrae todo o parte de su patrimonio para que sus acreedores encuentren dificultades para cobrar".
